La fiscal Alejandra Hernández, interviniente en la causa del ex-comisario Juan Ale, que este jueves fue encontrado culpable de abusar sexualmente de dos menores, explicó que las calificaciones legales son diferentes porque «los hechos ocurrieron en años diferentes, donde las leyes vigentes eran distintas», y que el 31 de agosto comenzará una segunda parte del juicio consistente en presentar pruebas y fundamento que sostengan la cantidad de años de pena que se pedirá, número que todavía desconoce. Hernández mencionó que en su derecho a defensa, Ale negó las acusaciones y dejó entrever que podría tratarse de un «despecho» de la madre de las víctimas.
Este jueves «el Tribunal dictó el fallo declarándolo penalmente responsable, por los hechos de abuso sexual contra dos menores, que ahora son mujeres adultas, que ocurrieron 1998 al 2001», sintetizó la fiscal.
Hernandez detalló que los abusos «ocurrieron cuando las niñas tenían entre 9 y 10 años, durante un período de tres años. Ellas explicaron al tribunal porqué no lo denunciaron en el momento. En ese tiempo Alé era Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, era la pareja de la mamá, por lo que ellas tenían miedo a hablar, y luego tuvo altos cargos públicos, explican el miedo a denunciar porque sabían con quién se tenían que enfrentar. Entonces esperaron, y también a estar psíquicamente fuertes para dar ese gran paso de denunciar, y lo hicieron en 2017 cuando ya eran mayores».
En cuanto a la calificación legal, que es diferente para ambas víctimas (abuso deshonesto contra una y abuso sexual gravemente ultrajante), Hernández explicó que «uno tiene que juzgar los hechos según la ley que estaba vigente en ese momento», y mencionó que «para una de las víctimas los hechos comenzaron en mayo del 99 cuando ya se había aprobado la ley que introduce esta figura intermedia de abuso gravemente ultrajante. Por la otra víctima habíamos ido por la misma calificación legal, pero los episodios comenzaron a suceder a fines del 98 cuando esta ley no estaba en vigencia, entonces la Fiscalía decidió ir por el delito continuado, es decir que el autor tuvo un sólo ánimo, que lo ejecutó durante todos estos tres años, es decir un delito continuado, y la ley en ese momento eran delitos sobre la honestidad -por eso abuso deshonesto- y no contra la integridad sexual».
Los últimos episodios ocurrieron en el 2001, y ellas explicaron que ninguna sabía lo que le pasaba a la otra, que cada una guardó su propio secreto, y en el 2013 explotan los problemas y comienzan a pasarle una serie de cosas que la familia no se explica por qué, hasta que en 2015 una chica explota y lo cuenta, y así se dan cuenta que a las dos les habían pasado cosas similares», sostuvo.
Por esto, mencionó que «ahora hay que hacer un nuevo análisis jurídico en función de la calificación que le dio en Tribunal para poder trabajar sobre la cesura de pena», para lo que previamente el 31 de agosto comenzará «una segunda parte del juicio, para fundamentar, brindar prueba, que den sustento a la cantidad de años de condena que se pida»
En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso judicial, la fiscal indicó que «trabajamos en forma conjunta con el servicio de asistencia a la víctima, con psiquiatras y psicólogos particulares, y los peritos forenses indicaron que una de las chicas no estaba apta psicológicamente para enfrentar al imputado, por eso declaró en cámara Gessel».
En cuanto a Ale, la fiscal señaló que «en su derecho de defensa, declaró que tenía una familia con la mamá de las chicas, pero dijo que nunca hizo lo que se le acusaba, que no sabía por qué se le acusaba de eso, y dejó entrever que podía tratarse de un despecho de la mamá de las chicas».