Durante la sesión ordinaria de la Legislatura que se realizó de manera virtual, los diputados aprobaron una modificación a la actual Ley de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Adecuaron el proceso y las facultades que otorgadas por la reforma de la Constitución de 1994 al Consejo de la Magistratura.
Hasta ahora el Procurador General, cargo que actualmente ocupa Jorge Miquelarena, tenía la posibilidad de acusar o no, en las denuncias contra fiscales, jueces, defensores y demás funcionarios de la Justicia; también si fueren denunciados miembros del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado o el Contador General de la Provincia.
A partir de la modificación realizada ayer, se le sacó esa potestad al Procurador. Y en caso de una denuncia contra funcionarios judiciales, acusará una comisión del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que los evalúa y designa. En tanto que para los casos del Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado y Contador General, que son designados por acuerdo legislativo, cuando sean denunciados tendrá la potestad de acusarlos una comisión de la Legislatura integrada por tres diputados.
SE ESTABLECIO IMPROCEDENTE
Con la modificación, durante la sesión, se estableció como improcedente que la Procuración General tenga la potestad de acusar en las causas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Tribunal de Enjuiciamiento, puntualmente en los casos de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La iniciativa con la firma de los diputados radicales Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, más los oficialistas Juan Pais y Roddy Ingram, se apuntó que como resultado de aquella reforma constitucional del ’94, «el proceso de enjuiciamiento de integrantes del Poder Judicial (jueces, fiscales y defensores) se bifurca del resto de los funcionarios previstos en el artículo 209 de la Constitución (fiscal de Estado, integrantes del Tribunal de Cuentas y contador general)».
Fuente: El Chubut
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