La propuesta para cambiar la legislación pesquera por una nueva Le de Pesca sigue generando controversias no solo en el sector privado sino también en forma institucional de municipios portuarios. El mayor cuestionamiento es la falta de consenso en su redacción y vuelven a señalar que no es representativa y que responde a intereses particulares. Piden retirar el proyecto y abrir un debate serio.
Mientras ya se da por descartado que el proyecto de la nueva Ley de Pesca de Chubut tenga tratamiento legislativo este año, la propuesta del Poder Ejecutivo sigue cosechando fuertes cuestionamientos desde sectores empresariales, sindicales y hasta institucionales de municipios. El proyecto, casi calcado del que armó un sector de la flota amarilla, y después Mariano Arcioni presentó como propio, genera más resistencias que consenso, lo que hace prever que su tratamiento parlamentario sea incierto.
En términos políticos, Arcioni carece de mayoría legislativa propia, lo que supone escaso margen para imponer, en los actuales términos, los cambios proyectados a la legislación pesquera provincial. Sindicatos, empresas, plantas de procesamiento y ahora también municipios portuarios salieron a rechazar públicamente la iniciativa.
Reclamo de municipios
La Municipalidad de Camarones calificó de “inconsulta” la propuesta y plantea la necesidad que las ciudades portuarias o con desarrollo de la actividad pesquera deben formar parte de la discusión de la modificación del andamiaje normativo de la pesca. Los Municipios de Puerto Madryn y Trelew también advierten reservas sobre el proyecto ingresado a la Legislatura.
«Desde la intendencia de la Municipalidad de Camarones expresamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de iniciativas de manera inconsulta con los Municipios portuarios, toda vez que entendemos que un Proyecto de Ley de tamaño impacto social y económico en las poblaciones costeras requiere imprescindiblemente de la opinión y participación activa de dichas comunidades, como lo es el caso de Camarones”, indicó el pronunciamiento firmado por la intendente Claudia Loyola.
Contra permisos definitivos
«Rechazamos de plano la imposición de los permisos de pesca definitivos que dicho proyecto de ley pretende crear, ya que ello implica generar un grupo cerrado de privilegiados a perpetuidad con el otorgamiento de permisos sin justificación alguna, cercenando la posibilidad de que el Municipio de Camarones pueda acceder a los mismos, impidiendo de esta manera el desarrollo de la industria pesquera en nuestra comunidad”, se expresó desde la comuna portuaria, y así se lo transmitieron además a los diputados de las diferentes bancadas que deberán analizar el proyecto de Arcioni, el cual hasta el momento no ha tenido ninguna expresión de acompañamiento o aval de sectores de la industria.
“De esta manera, el Proyecto de Ley reproduce nuevamente la deuda histórica y social que la Provincia del Chubut tiene con Camarones, donde todos aprovechan y se benefician con los recursos marítimos adyacentes a nuestra localidad y su puerto, pero nadie de Camarones se puede beneficiar con los mismos”, refutan.
Barajar y dar de nuevo
Asimismo, se propone que se retire el proyecto de ley presentado y se abra una discusión amplia con la participación de todos los sectores de la pesca provincia, para que en ese marco se definan y consensuen las actualizaciones a la legislación pesquera.
“Dicho Proyecto de Ley demuestra que existe una confusión de intereses entre algunas autoridades y un sector económico privilegiado ilegítimamente, en desmedro de los derechos e intereses del pueblo de Camarones, por lo que instamos al Señor Gobernador a cesar con el impulso del proyecto y solicitamos a los señores Diputados al rechazo del mismo”, se expresó el Municipio en forma institucional.
Conarpesa avisa
El proyecto de nueva Ley de Pesca para Chubut sumó un nuevo rechazo en las últimas horas a partir de un pronunciamiento de la empresa Conarpesa en la que advierten que, de avanzarse con los términos de la redacción elevada, la compañía recurrirá a la justicia por lo que considera una vulneración de derechos adquiridos.
“La firma Conarpesa ha considerado conveniente poner de manifiesto que la presentación del Proyecto de Ley de Pesca Provincial N° 140/20 para su tratamiento por la Legislatura Provincial, resulta prematuro al no ser fruto de un debate previo liderado por el gobierno provincial, en el cual los empresarios y trabajadores del sector pesquero puedan contribuir al dictado de una norma que regule la actividad, privilegiando la explotación razonable del recurso, y manteniendo la igualdad entre quienes llevan a cabo inversiones que dotan de fuentes de trabajo mediante radicaciones genuinas en el ámbito provincial”, reprochó la empresa que preside Fernando Álvarez Castellano.
La advertencia es concreta: “De mantenerse el texto del proyecto de ley conforme ha sido enviado a la Legislatura Provincial no dejará otra opción a la firma Conarpesa que dar inicio a acciones judiciales tendientes a resguardar sus derechos”, hizo saber la empresa a Arcioni y a la Cámara de Diputados.
Conarpesa rechaza abiertamente el proyecto y fundamenta su postura al indicar que «desde hace 40 años viene operando con más de 20 buques pesqueros propios, 2 plantas de procesamiento en tierra, más de 1350 trabajadores en relación de dependencia directa y más del doble de manera indirecta, le otorgan suficiente entidad para dar una opinión sobre la regulación de la actividad del sector pesquero”.
Terminaría judicializada
Con todo, las numerosas expresiones en contra del proyecto harían repensar al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia o no de seguir con el proyecto en las actuales condiciones, más aún ante la posible ola de amparos que se tramitarían por la vía judicial.
Tal como anticipó Revista Puerto, en los últimos días numerosas empresas y también los sindicatos comenzaron a explorar la posibilidad de recurrir a la justicia si es que el Gobierno de Chubut no da marcha atrás con este proyecto y realiza una convocatoria a todos los sectores involucrados para debatir, punto por punto, lo que se pretende modificar del andamiaje legislativo de una de las principales actividades económicas de la provincia.
Fuente: Revista Puerto