Si bien previamente el CONICET había recomendado retirar el proyecto y luego rechazó participar de las charlas informativas virtuales oficiales, la convocatoria a sesión extraordinaria por parte del Ejecutivo motivó que la institución-académica científica enviara a la Legislatura un informe con las apreciaciones al respecto, ya que desde la Cámara no han sido convocados. El riesgo para el agua en la provincia como principal fundamento.
También mencionan la “vaga e inconexa referencia” que se hace en el proyecto a la consulta a las comunidades (convenio OIT 169) y remarca que no se lo regula y no se lo ha cumplido en la etapa de elaboración del proyecto.
GESTION AMBIENTAL
El último apartado, aborda la gestión del suelo y el agua, necesarios “para sostener la producción de los distintos bienes y servicios que demanda la sociedad –ya que- es necesario mantener un sistema suelo-agua en buen estado de conservación”.
Para ello, se reclama “discutir y aprobar la nueva Ley de Conservación de Suelos, que a su vez impulse la puesta en funcionamiento de la Dirección de Conservación de Suelos”, ya que la legislación vigente no ha tenido el impulso necesario del Estado provincial.
Esta tarea “debería iniciar de forma urgente la Legislatura. Mientras tanto, el Gobierno deberá asumir la responsabilidad que le cabe en la gestión y conservación de los recursos naturales de la Provincia”.
Además, más allá del funcionamiento del Ministerio de Ambiente y el Instituto del Agua (IPA), “los Comités de Cuencas son los únicos espacios formales interjurisidiccionales donde se podrían articular sectores, visiones y conocimiento acerca de los sistemas y debatir sobre problemáticas comunes”, relacionadas al agua.
En tanto, “el hallazgo de grandes reservas de agua en una zona donde el avance de la desertificación es importante, los recursos hídricos superficiales son escasos y las proyecciones de cambio climático prevén disminución de la disponibilidad de agua, es trascendental”.
Sin embargo, hasta ahora y “a pesar de que existen diversas propuestas y experiencias a pequeña escala de actividades productivas basadas en el riego, estas reservas no se han tenido en cuenta para planificar e impulsar alternativas productivas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y comenzar a revertir situaciones de desarraigo y desocupación”.
Esto se plasma en uno de los artículos del proyecto 128/20, en el que se pretende desarrollar actividades productivas a partir de la megaminería, que sería la responsable de explotar estas reservas.
Además, señalan que “las promesas” relacionadas al desarrollo de otras actividades a partir de la megaminería, y la forma en que se plasma en el proyecto, “reflejan las fuertes presiones de quienes quieren impulsar megaproyectos mineros sin reparar en las aspiraciones e intereses de las y los pobladores locales, denota la extrema debilidad de un Estado que no logra conectarse con el territorio y poner en valor otros recursos y otras formas de trabajo”.
“Esta dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales genera desconfianza y preocupación –situación qué- no se revertirá con la creación de observatorios, centros de gestión y mesas de desarrollo fragmentarias y sin autarquía”, como las que se proponen.
Fuente: Con Sello Patagónico.