No es que la intención del gobierno de Chubut de desarrollar la minería en la meseta central concite conflicto social, este está instalado desde hace años. La cuarta provincia en exportaciones del país con recursos que harían la envidia de más de una nación y medio millón de habitantes tiene empleados que cobran “cuando hay”. Una pobreza atroz, que con la pandemia alcanzará cerca de la mitad de su población, desbarata el argumentario fisiócrata. Se produce 12 veces más energía que la consumida y hay localidades sin luz, o más cara que en las regiones que no producen. La causa es un misil al corazón pro minería. La lana se exporta sucia, el petróleo crudo, la pesca sin procesar, la madera en rollizos. Cuando no se genera valor agregado vía eslabonamientos, no hay redistribución de empleo y recursos en actividades afines, se habla de Enclave, rasgo de las explotaciones en Argentina que duran lo que el mineral.
Las mineras que juran evitarlo y cuyas prácticas varían según sean la casa o la visita tienen un récord de graves conflictos socioambientales en países en desarrollo; la interesada en la región confirma la regla. En un territorio con déficit hídrico de origen y desertificación agravada por un cambio climático que augura extremar la seca, el acuífero Sacanana, fuente del proyecto Navidad, megademandante de agua, es una reserva vital para una provincia en la que el 50% de la población depende de la cuenca del Chubut, que se promete intangible mientras la apertura incluye explotación de uranio próximo de su ribera y su lixiviación acerca metales pesados y radiactivos a la cuenca. Imposible no pensar en Veladero. Se dice que la separación del metal en dique de cola se haría por flotación sin cianuro, contrapeso escaso para sostener el oxímoron de “minería sustentable” que, más allá de Suecia –que abrió una discusión ética sobre la conveniencia que su fondo de pensión, que financia mineras en Latinoamérica, siguiera invirtiendo en “el desastre”–, con infinitas reservas hídricas y responsabilidad socioambiental escandinava, no suma acólitos.
Más aun en el contexto del compromiso global contra el aumento de emisiones y de experiencias conflictivas aun en países desarrollados como Australia. El relato pro minería nos dice que esta vez sí será sustentable, para ello no solo se abstrae de singularidades geográficas sino también de que el riesgo de que el material tóxico, liberado por la voladura de secciones de litósfera, cargado y depositado a distancia por condiciones únicas de viento, afecte pueblos y ecosistemas. Supone paquetes técnicos y un nivel de inversión de recursos extemporáneos a nuestra realidad. Opera sobre la representación abstracta y distorsiva de nuestra relación con el ambiente invisibilizando lo esencial: una minera no solo impacta in situ, alcanza escalas espaciales y temporales vastas, por eso es cuestionable hablar de “zonificación” como una cerca. Un riguroso informe interdisciplinar del Cenpat-Conicet realizado por científicos “baqueanos” en la problemática de la región sugiere el retiro del 128/20 que habilita minería.
El conflicto con el ambiente es primeramente social: una explotación en una cuenca, que no solo es el río sino el territorio que drena en él, moviliza relaciones de complementariedad y conflicto entre actores, sean o no conscientes del mismo, contiguos o lejanos vinculados a esta por sus intereses. Ganadores y perdedores. Dos asuntos para decidir viabilidad: los primeros habrán de superar a los últimos; tal criterio no basta si no se pondera la naturaleza del vínculo de los perdedores con la nuevas condiciones ambientales y se toman recaudos para evitar irreparables costos, algo que jamás ocurrió en el país. La mejor síntesis de lo dicho, una pancarta que rezaba: “No somos Greenpeace, somos la ballena”. La inducción arroja una verdad probabilística que se da por repetición de resultados frente a la misma acción, nos es vital para sobrevivir. Debería advertirlo un Presidente que priorizó la salud por encima de todo durante la pandemia y ahora se suma a una iniciativa que la expone.
