El Consejo fue presentado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández para diseñar políticas de Estado a largo plazo. Funcionará bajo la presidencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, con 30 integrantes provenientes del área sindical, social, empresarial y de las ciencias sociales y la investigación.
El Gobierno Nacional formalizó la creación del Consejo Económico y Social, el órgano multisectorial que funcionará como un foro de debate y que intentará trazar una hoja de ruta para el desarrollo nacional a largo plazo.
A través del Decreto 124/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el propio mandatario y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se establecieron los lineamientos básicos que tendrá el organismo hasta que el Congreso trate el proyecto que definirá su reglamento final.
Por esta razón, muchas de las características y las agendas de trabajo que tendrá estarán vigentes por un periodo de mil días, ya que ese es el tiempo máximo que tienen los propios integrantes de esta institución para elaborar el texto que luego será analizado por los diputados y senadores.
No obstante, entre otras cuestiones, quedó firme que el Consejo será “un órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país que serán definidas y sometidas a su consideración por el Presidente o la Presidenta de la Nación”.
Se informó que los objetivos planteados serán los de hacer “el análisis y las recomendaciones que se le requieran sobre programas de gobierno y proyectos de leyes estratégicos”; “abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país”; “generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo” y “establecer mecanismos de participación ciudadana”.
También los de “colaborar en la implementación de las políticas públicas que se diseñen para la efectiva consecución de los acuerdos estratégicos” y “estimular un debate informado donde el diálogo entre las diferentes visiones sectoriales se enriquezca por el soporte de información técnica y científica rigurosa”.
Entre sus funciones, están la de “elaborar y actualizar una agenda de trabajo sobre una lista de asuntos prioritarios que el Poder Ejecutivo Nacional remita a su consideración”; “reunirse en sesiones”; “adoptar acuerdos y recomendaciones con relación a los temas de su incumbencia”; “emitir informes que revelen los consensos alcanzados”, y “promover estudios, debates públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan captar la opinión de sectores amplios de la población sobre los temas en tratamiento”.
También lo son el “convocar a sectores que se encuentren especialmente afectados por decisiones políticas, con el fin de buscar, mediante el diálogo, propuestas que faciliten un abordaje consensuado de esos asuntos”, aunque esto último será siempre ”a pedido del Presidente o de la Presidenta de la Nación”.
Además, tendrá que “elaborar y elevar anualmente al Jefe o a la Jefa de Gabinete de Ministros, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria sintética sobre la tarea desarrollada”; “desplegar sus sesiones y las reuniones de los equipos de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional” y “convocar a los Consejos Económicos y Sociales u órganos similares de participación provincial o municipal”.
Para cumplir con todo lo anterior, el Consejo deberá “conformar equipos de trabajo multisectoriales”; “solicitar antecedentes, datos e informes técnicos a los distintos órganos que conforman la Administración Pública Nacional” e “invitar a funcionarios o funcionarias, expertos o expertas y/o representantes de instituciones privadas para que expongan en las sesiones o equipos de trabajo, o solicitarles informes que faciliten la discusión de temas”.
También, “desarrollar encuentros de debate, tanto regulares como extraordinarios, en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán abiertos al conjunto de la ciudadanía por vía presencial o virtual” e “impulsar acuerdos de cooperación para el cumplimiento de sus fines con organismos internacionales y/o con áreas de la administración pública Nacional, Provincial y/o Municipal, u otros organismos públicos o privados”.
Tal como destaca Infobae, el organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y celebrará una sesión ordinaria al menos una vez cada 30 días.
Como adelantó Infobae, estará presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, en este caso, Gustavo Béliz, y sus miembros serán los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JUFEJUS), María del Carmen Battaini; CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban “Gringo” Castro; CONAM, Edith Encinas; el CONICET, Carolina Carrillo y Ana María Llois; la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini.
Los integrantes del Consejo “desarrollarán sus tareas con carácter ad- honorem”, aunque el Gobierno se hará cargo de los “gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes, en caso de resultar necesario”.
Tal como estaba previsto, también en el plazo de los mil días, los 30 miembros deberán “elevar al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley que deberá proponer la estructuración jurídica y presupuestaria definitiva del Consejo, a cuyo efecto se tendrán en consideración los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, la experiencia internacional comparada y las lecciones aprendidas durante su funcionamiento”.
Ese mismo periodo es el que durará cada uno de ellos en el cargo, y también el tiempo en el que estarán vigentes cada una de las agendas de trabajo iniciales, llamadas “misión país”, que están divididas en: Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria; Educación y Trabajos del Futuro; Productividad con Cohesión Social; Ecología Integral y Desarrollo Sustentable, y Democracia Innovadora.
En los considerandos de la Resolución, el Gobierno señaló que “resulta necesario ampliar los mecanismos de participación de los y las múltiples actores y actoras que contribuyen al desarrollo nacional y dotar a dicha participación de un marco institucional adecuado”.
En este sentido, destacó que todos esos sectores “han expresado su predisposición favorable a instituir una entidad capaz de facilitar el diálogo intersectorial y fortalecer el horizonte de planeamiento estratégico del país”.
Luego de dar algunos ejemplos de organismos multisectoriales similares que funcionaron en el ámbito internacional, el Poder Ejecutivo remarcó que “en etapas de agudos problemas económicos muchos Estados elaboraron diseños institucionales propios con el objetivo común de favorecer el diálogo y forjar una visión consensuada para el desarrollo nacional, y obtuvieron resultados muy positivos, tal como aconteció en los Países Bajos en 1950, en Irlanda en 1973, en Francia en 1958, y en Italia y en Brasil en 2004″.
A nivel local, el Gobierno recordó algunas experiencias similares, como el Consejo Nacional de Postguerra, creado en 1944; el antiguo Consejo Económico y Social, que comenzó a funcionar en 1946; la Concertación Política, Social y Económica, impulsada en el año 1973; el Consejo para la Consolidación de la Democracia, conformado en 1985 y la Mesa de Diálogo Argentino, constituida en el año 2002.