La Comarca Andina de Chubut acaba de travesar una de las peores catástrofes de esa zona y de la historia provincial. Junto al temporal que azotó Comodoro Rivadavia en 2017, los incendios en la Cordillera se inscriben entre los hechos más trágicos de la historia chubutense. El Estado provincial no logra responder como debería a las consecuencias dejadas por el fuego. Es la solidaridad de propios y extraños la que apuntala la voluntad de seguir adelante. Mientras esto ocurre en una de las zonas más extraordinarias de la Patagonia por su naturaleza -ahora devastada- el gobierno provincial sigue agobiado por deudas que parecen impagables y deudores que se erigen como incobrables. La crisis chubutense se sumerge en la espesa humareda que pone a la provincia en condiciones de quebranto social, moral y económico.
La devastación cordillerana fue causada por una «tormenta de fuego», la peor producida en la Argentina y en Latinoamérica; que ya generó tres muertes. Además, se contabilizan 421 viviendas destruidas de manera total y otras 150 casas afectadas parcialmente.
El impacto cambió la vida de no menos de 3.000 habitantes de la Comarca Andina, a lo que se le deben sumar los efectos destructivos para el sector turístico, los productos agropecuarios y las millonarias pérdidas en más de 2.000 hectáreas de bosques nativos centenarios.
El fuego mostró en esta oportunidad, tal como ya sucedió con la pandemia, la importancia y la imperiosa necesidad de que el Estado quien se ponga al frente de la reconstrucción de la zona afectada por una catástrofe. Sin embargo, tanto el provincial como el nacional se muestran escuálidos y extremadamente raquíticos para atender este nuevo frente que se abrió en Chubut con los incendios.
La ayuda social y personal para la contención del shock dejado por la «tormenta de fuego» no figura entre los ítems que el Estado puede abordar intensamente; es algo así como sálvese quien pueda y cómo pueda. Pero esto no es nuevo, sucedió con las inundaciones en Comodoro y se repitió con el último brote de Hantavirus en la Cordillera. El Estado no llega sino con una estructura de contención sanitaria que hoy se encuentra sobrepasada por la pandemia de Coronavirus.
Los detractores del gasto público, muchos hoy en la oposición y algunos en el propio oficialismo, se llenan la boca reclamando en la actualidad la «ayuda del Estado», la que se concreta a través de la utilización de fondos que salen de las arcas públicas y regresan a la gente damnificada en forma de asistencia.
Sin el Estado y las inversiones públicas no hay forma de reconstruir la Comarca Andina. El pueblo nuevamente mostró su enorme solidaridad frente a la catástrofe, pero con eso no alcanza. Mientras tanto, las «donaciones» del sector empresario privado dejaron un amargo sabor a poco.
Permanece aún el triste recuerdo de las obras inconclusas en Comodoro Rivadavia por falta de inversión nacional y provincial para concretar la reposición de la infraestructura necesaria para afrontar un nuevo temporal -muchas de esas obras terminaron recayendo exclusivamente sobre la caja del Municipio-. El Estado nacional nunca terminó de resolverle el problema a muchos que siguen viviendo en contenedores a la espera de una vivienda que el agua se llevó.
La escuálida pero imprescindible ayuda el Estado
El Gobierno provincial apenas se propuso declarar la «Emergencia ígnea», comprometer una ayuda de 10 millones de pesos y ofreció una recompensa de 3 millones para los que aporten información sobre el origen del fuego.
Nación por su parte anunció una ayuda que rondaría en los 1.700 millones de pesos para la compra de viviendas transitorias, reconstrucción de casas destruidas y reparación de las dañadas.
De dichos fondos que irán directamente a los municipios unos 1.400 millones serán para la inversión en un plan de viviendas con el programa «Casa Propia»; 36,4 millones en mejoramientos de los hogares que sufrieron daños parciales y 266 millones en la construcción de viviendas transitorias (módulos de emergencia).
Los números hablan por sí mismos. La crisis económica de la provincia no se reduce a los sueldos de los trabajadores estatales, sino que se traduce claramente en un complicado inicio de clases y ahora a las consecuencias de los incendios.
Buena parte de las escuelas no estaba en condiciones edilicias y eso se potenció aún más con la crudeza de la tragedia tras el paso del fuego por la Comarca Andina; que dejó un tendal de familias sin casa, vecinos desprovistos de los servicios básicos (como agua y luz) y ni qué hablar de la ausencia de una contención social y sanitaria que el Estado ya no podía dar correctamente desde antes de los incendios.
Muchos de los problemas imperantes hoy por la falta de los servicios públicos vienen de arrastre, ya que es normal que no haya servicio de energía eléctrica en la Comarca. Claro que esa realidad no es patrimonio exclusivo de la Cordillera, sino que se vive en Comodoro todos los veranos con los cortes diarios de agua por la falta de inversión en el acueducto y se refleja en las penurias permanentes que les toca vivir a los pueblos del interior profundo.
Podrá decirse que el Estado provincial «no está quebrado», como manifestó a El Extremo Sur el ministro Oscar Antonena el año pasado, argumentando que los Estados «no quiebran». Sin embargo, la falta de servicios y de ayuda imprescindible habla cuanto menos de una incapacidad o un desmanejo que no permite que los impuestos que se pagan vuelvan en obras, mejoras de calidad de vida y ayuda ante las emergencias.
Una provincia rica en recursos naturales como Chubut termina atando con alambre las soluciones parciales a problemas de fondo, un mecanismo histórico que inclusive mostró su peor cara con los hechos de corrupción vinculados hasta a los momentos de catástrofe.
Espiralización del endeudamiento
Mientras la sociedad danza en el padecimiento del titánico devenir de las consecuencias de los incendios y la propia cotidianeidad sufriente, la provincia se sigue hundiendo todos los meses en el macabro mecanismo de la deuda.
Se emite más deuda en pesos para pagar vencimientos anteriores porque los ingresos parecen insuficientes para afrontar los gastos del Estado y al mismo tiempo soportar que una porción significativa de los dólares que deberían ingresar por las regalías petroleras se vayan a pagar la deuda externa chubutense.
Que la plata que ingresa a la provincia no alcanza no es ninguna novedad, más allá de que los ingresos vienen aumentando considerablemente durante los últimos meses del año pasado y los dos primeros de este 2021.
Un razonamiento neoliberal aseguraría que «se gasta mucho», que «sobran los empleados públicos» y que «el Estado se hace cargo de muchas más funciones de las que debería». El panorama antes descripto con las catástrofes tira por la borda esas muletillas siniestras que buscan desarmar en post del libre capitalismo el tejido de contención y servicio social de cualquier comunidad que se precie de tal.
Lo cierto es que el agujero negro se fundó cuando el Estado dejó de manejar los recursos naturales, los entregó al capital privado para su explotación y se puso a merced del devenir de la economía mundial -donde los CEOs deciden cuánto y dónde invertir desde sus lujosas oficinas en el exterior- a la hora de obtener una pequeña tajada de la renta que los mismos generan.
Ya sin poder de decisión sobre qué y cómo producir, el Estado depende del mercado y sus vaivenes. Además, se niega rotunda y sistemáticamente a cobrar más impuestos a grandes capitales, terratenientes y grandes riquezas.
Ese mecanismo se ve reflejado con contundencia en Chubut. La plata no alcanza, pero la variable de ajuste no es el aumento de los ingresos sino el «gasto» en los trabajadores del Estado y los servicios cada más paupérrimos que brinda a sus habitantes. Así se desarrolla la vida, al ritmo del «siga, siga» que encumbró el árbitro de fútbol Lamolina.
Para afrontar la deuda en dólares -que ahora terminará de vencer en 2030 y por la que se pagarán en total 1.100 millones de dólares; y que no se tradujo jamás en las obras para las que se emitió la deuda- la provincia emite casi mensualmente nueva deuda en pesos que debe pagar religiosamente a altas tasas de interés en el mercado financiero. Además se nutre de recursos habilitados por el Gobierno nacional surgidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
Es decir que toma pesos y deja «papelitos» pagaderos por los pesos retirados para garantizar las jubilaciones actuales y futuras.
De la espiralización de la deuda solamente se sale a través de un shock contributivo sobre los sectores de más recursos -donde la minería se muestra como una opción financiera excesivamente menor y que trae aparejado todos los problemas ambientales ya conocidos- o con un ajuste brutal que deje menos Estado para la sociedad chubutense. Allí esta el debate de fondo.
Nuevas emisiones y vencimientos
Mientras en la Comarca Andina comienza tenuemente la reconstrucción, la economía chubutense parece no tener salida al endeudamiento constante y se siguen emitiendo nuevas deudas para pagar deudas anteriores en pesos.
A fines de febrero el gobierno volvió a utilizar un remanente del endeudamiento generado en 2015 y tomó deuda a través de la Letra 63 por 800 millones de pesos, a una tasa del 38% que deberá ser pagada este próximo 30 de marzo.
A esos pesos se suman los 4.100 millones que el propio Antonena reconoció mediáticamente que se había endeudado con el ANSES para pagar buena parte de la deuda salarial con los docentes y conseguir así que comiencen las clases en la provincia.
El 4 de marzo se autorizó la emisión de otros endeudamientos en pesos por 135,6 millones de pesos en total, con una tasa del 36,75% para la Letra 65 Clase 1 y del 36,90% para la de Clase 2. La primera vencerá el 7 de abril y la segunda el 6 de mayo.
El 8 de marzo venció la Letra 61 Clase 1 por 125 millones de pesos más 4 millones de intereses; mientras que el 26 de marzo se deberán cancela 326,4 millones de pesos por la emisión del mes pasado y se tendrán que abonar los intereses que representarán un 37% de lo emitido.
Además, en estos últimos días de marzo vencerán 5,6 millones de dólares del BODIC 2 emitido en el 2015; los que al tipo de cambio oficial del viernes representarán cerca de 513,2 millones de pesos.
En abril la rueda de los vencimientos volverá a girar y a engrosar la salida de pesos para saldar las emisiones efectuadas en los últimos meses.
Deuda de deudores
Según trascendió en los últimos días, Chubut tiene por cobrar 3.691 millones de pesos por deudas que mantienen grandes contribuyentes con la provincia. Es una suma que representa más del 70% de una masa salarial adeudada a los empleados públicos y jubilados provinciales.
Con esos fondos se podría brindar una inmensa ayuda de la provincia a con los damnificados de la Cordillera.
De ese total, 1.385 millones de pesos correspondería a deudas del 2019. Los 2.345,8 millones restantes a las generadas en 2020.
Esas deudas corresponden a impuestos y tributos no pagados por cerca de 2.322 grandes contribuyentes, aunque posiblemente algunos de ellos tengan deudas en más de un rubro.
El mayor porcentaje corresponde a deudas no canceladas en por Ingresos Brutos (92,2% del total); Impuestos a los Sellos (1,8%); Tasa de Servicios (1,1%); Canon por productos de mar (0,1%); y Regalías (4,8%).
Posiblemente muchas de estas deudas de 2020 se hayan generado por la pandemia y la cuarentena, no tanto así las de 2019 donde ya había crisis económica. El Estado tiene la obligación de avanzar en el cobro sobre los grandes contribuyentes mucho más aún cuando ajusta sobre los empleados públicos y los jubilados con meses de atraso salarial.
Los terratenientes y ruralistas chubutenses no pagan el Impuesto Inmobiliario rural desde hace 15 años, pero apenas se enteraron de que se los querían cobrar pusieron el grito en el cielo para oponerse y presionar. Hasta utilizan los incendios para seguir zafando de sus obligaciones tributarias.
En medio de una nueva catástrofe la generación de recursos propios resulta imprescindible para atender la emergencia y sacar a la Comarca del atraso socio-económico por el que venía atravesando desde antes de los incendios y que ahora se multiplicó exponencialmente.
Las decisiones políticas se traducen en el terreno económico y social, pero por ahora no se observan determinaciones que se encaminen hacia una justa presión fiscal y mucho menos hacia una equidad redistributiva que afecta fuertemente a Chubut, como también sucede en el ámbito nacional.
Sólo cobrando esa deuda de 3.691 millones de pesos se podrían construir en la Comarca Andina un total de 615 viviendas del IPV -que rondan en una valuación de 6 millones de pesos por unidad-, lo que resolvería el 100% de los problemas habitacionales generados por los recientes incendios en Chubut.
Para generar ingresos hace falta decisión política y audacia recaudatoria, dos ítems que están ausentes en la incendiaria realidad chubutense.
Por Marcelo García