Tras quedar incluidos en las restricciones anunciadas por el Gobierno para contener el avance de la segunda ola del coronavirus, los centros comerciales reclaman en la Justicia que les permitan reabrir.
La Cámara Argentina de Shopping Centers (Casc), que nuclea a 16 malls de la Capital Federal y 27 de la Provincia de Buenos Aires, presentó un amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, en el que solicitó la reanudación de la actividad, que se encuentra interrumpida desde el viernes pasado, cuando los establecimientos debieron cerrar sus puertas.
Al pedido de la Cámara se unieron los dos principales operadores del país: Irsa -el holding comandado por Eduardo Elsztain, que administra 14 centros comerciales, como Alto Palermo, Abasto Shopping, Alcorta, Patio Bullrich, Dot Baires y Distrito Arcos, entre otros- y Cencosud, el grupo chileno que tiene el control de Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar y otros bajo la marca Portal.
A esta presentación, se sumó una medida judicial que inició, por cuenta propia, la firma dueña de El Solar y el Recoleta Mall. También, está previsto que otro shopping de la Ciudad de Buenos Aires haga un planteo individual este jueves. Incluso, algunos locatarios piensan adherir a la movida.
Los pedidos tienen como fin que se declare la inaplicabilidad del DNU 241/2021 en cuanto prohíbe, en forma absoluta, la apertura de shoppings», explicaron desde la Casc a El Cronista.
La entidad recurrió a la Justicia al considerar que el cierre total de los shoppings debió ser adoptado por el Congreso de la Nación. «Los centros comerciales fueron injustamente discriminados respecto del resto de los comercios que tienen lugar en espacios cerrados sin recaudos de seguridad», señalaron.
«Compartimos la preocupación del Gobierno por la compleja situación que atraviesa el país y el mundo como consecuencia de la pandemia. En ese entendimiento, apoyamos la mayoría de las medidas sanitarias adoptadas, como los límites horarios, el aforo del 30%, las exigencias de ventilación, las normas de sanitización, los controles de temperatura y la prohibición de uso de transporte», expresaron.
Pero, sin apartarse de esa premisa, aclararon que los shoppings «son lugares seguros» y que los protocolos adoptados «eliminan o reducen a su mínima expresión la posibilidad de contagio».
En ese escenario, el amparo tiene por objeto «la defensa de miles de comercios y puestos de trabajo que corren serios riesgos en caso de no revertirse la medida». La Casc calcula que, de extenderse las restricciones más allá del 30 de abril, se duplicaría el número de locales vacíos.
«La vacancia se encuentra en torno al 10%. Pero podría incrementar al 15% o al 20%. En un año ‘bueno’, ronda entre el 2% y el 6%», explicaron desde la Cámara.
«Con independencia de la acción judicial iniciada, la entidad y todos sus asociados continuarán colaborando y aportando todo lo que esté a su alcance para la más eficiente gestión de la crisis sanitaria, procurando reducir en cuanto sea posible los perjuicios derivados de esta difícil situación», indicaron.
La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo de la Nación tiene lugar después de que en 2020 los centros comerciales permanecieran siete meses cerrados, con graves consecuencias para el sector. Las pérdidas alcanzan los US$1.200 millones en concepto de expensas impagas, lucro cesante y alquileres no cubiertos, según la Casc.
Fuente: La República