Con el visto bueno de Alberto Fernández, organizaciones oficialistas y el Ministerio de Salud avanzan en la confección de la nómina de personas a inocular.
Hace 15 días que más de 200 personas que acuden al comedor Cachorritos, en el barrio El Monte de Quilmes, no reciben las tres raciones semanales que les daba el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Es que Gustavo Martínez y su mujer, los encargados de cocinar, contrajeron coronavirus, al igual que otros cinco colaboradores del lugar. Después de reiterados llamados a la puerta de Martínez, quien no podía trabajar, el grupo salió a buscar otro comedor donde alimentarse.
La preocupación por el avance de la segunda ola de Covid-19 en los comedores y merenderos crece en las asambleas de las organizaciones sociales -que asisten a dos millones de personas en el país- y son moneda corriente los mensajes a los dirigentes para notificarles nuevos contagios y hasta muertes, como la de Oscar Pacheco, que trabajaba en un comedor de Mar del Plata.
Es por ello que antes de Semana Santa se sentaron a la mesa con el presidente Alberto Fernández tres referentes de organizaciones sociales vinculadas al oficialismo e integrantes de la Utep, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la economía popular. En la reunión estuvieron Daniel Menéndez, de Barrios de Pie-Somos; Gildo Onorato, del Movimiento Evita, y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
El planteo fue concreto: que el Gobierno reconozca como esenciales y vacune entre 70.000 y 80.000 colaboradores de los 10.000 espacios que integran el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), del Ministerio de Desarrollo Social. El fin es evitar que la suba de contagios interrumpa la asistencia alimentaria.
“Alberto estuvo de acuerdo en la cantidad y la importancia”, coincidieron, en diálogo con LA NACION, Onorato y Menéndez -quien es, a su vez, subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social-. Remarcaron que las vacunas no solo se dirigirán a los referentes de los comedores de las organizaciones oficialistas, sino que incluirán a los de otras agrupaciones, así como a los de las iglesias o las intendencias.
Es que mientras los socios del Frente de Todos negociaban directamente con Fernández, en la calle, los manifestantes de izquierda -el Polo Obrero, la facción de Barrios de Pie que conduce Silvia Saravia y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)- hacían sentir el mismo reclamo. Antes de las primeras medidas restrictivas dispuestas por Fernández, concentraron en el centro porteño y en la Panamericana a 8000 personas, en una marcha que fue cuestionada por la falta de medidas de distanciamiento.
Ante la presión de los movimientos sociales y con el aval del Presidente, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, tomó las riendas del asunto. Sus voceros confirmaron a LA NACION la voluntad de avanzar con la iniciativa, que ya fue tratada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que preside la funcionaria y que está integrado por los representantes sanitarios de todas las provincias.
A contrarreloj, los actores trabajan en un relevamiento nacional para confeccionar el padrón definitivo de personas a inocular, bajo la condición de trabajadores esenciales. Los dirigentes sociales consultados por LA NACION aseguraron que la distribución de dosis es inminente. “Queremos tener precisa la cantidad y los datos para la semana que viene, y que se empiece a vacunar”, comentó Onorato. “La vacunación comenzará en 20 días, como máximo”, agregó Alderete.
La Ciudad, eco de los reclamos
Desde hace un mes, el reclamo también se hace oír en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Migliore. Fuentes de la cartera dijeron a LA NACION que prevén incluir dentro de la categoría de personal estratégico a 3000 personas que trabajan en los 470 comedores, merenderos, hogares y jardines comunitarios, pero que todo depende del suministro de dosis que la Nación derive a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
En los movimientos sociales se suma otro fundamento para exigir que lleguen dosis a sus bases: el gobierno de la Ciudad les pide que cocinen en los comedores, en vez de que entreguen los alimentos frescos, una modalidad que se instaló con la pandemia. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el requisito pretende evitar problemas con la preservación de los productos alimenticios.
“Para extremar cuidados, limitamos al máximo la elaboración de comida, y entregamos directamente los alimentos secos o frescos a las familias. El gobierno de la Ciudad nos rechaza esta metodología y nos pide cocinar, pero no nos da respuesta por las personas que no están vacunadas”, explicó a LA NACION el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Aunque entre las organizaciones entienden que esta práctica disminuye la calidad nutricional, algunas lo establecieron como un nuevo protocolo sanitario para proteger a sus colaboradores. Otras agrupaciones, en cambio, se resisten a implementarla.
“Preferimos no entregar alimentos secos o frescos porque la comida hecha, además de rendir mejor, nos permite un mayor control sobre el tema nutricional y de la producción. También, evitar otras dificultades, como la falta de gas en las casas”, detalló Saravia, de Barrios de Pie.
En Quilmes, recién el lunes volverán al comedor Cachorritos los vecinos de El Monte, tras el alta de los colaboradores del MTE. Pero no regresarán con la misma dinámica que antes, cuando Martínez realizaba la asistencia al aire libre, en la vereda de su domicilio.
Ahora, servirán el alimento en la sede original del comedor, a media cuadra de su casa. Es que no solo se contagiaron él y su pareja, sino que también le transmitieron el virus a sus siete hijos. Martínez fue tajante: “Mi señora tiene miedo y quiere cuidar a mi familia”.
