La administración de Biden lanzó una campaña para justificar por qué necesita aumentar los impuestos a las corporaciones para financiar su plan de infraestructura de US$ 3 billones, que ya enfrenta una gran oposición. Sin embargo, el miércoles el presidente Joe Biden también dejó la puerta abierta para negociar una de las disposiciones más polémicas: subir la tasa del impuesto corporativo al 28%.
«Estoy muy abierto, pero tenemos que pagar por esto», dijo Biden a periodistas tras sus declaraciones sobre el Plan de Empleo de Estados Unidos. «Hay muchas otras formas en las que podemos hacerlo. En mi opinión, he presentado la mejor forma, la más racional, la forma más justa de pagar por ello. Pero también hay muchas otras formas, y estoy abierto», dijo.
El presidente invitó a republicanos y a otras personas a que se reúnan con él, aunque advirtió que no aceptará una definición limitada de infraestructura que incluya solo elementos como carreteras y puentes.
Tiempo atrás, el presidente realizó una invitación similar a propósito de su plan de alivio frente al covid-19 de US$ 1,9 billones. Sin embargo, no hizo ningún cambio a la propuesta tras su encuentro con un grupo pequeño de legisladores del Partido Republicano que planteaban una versión del proyecto de unos US$ 600.000 millones. El miércoles, Biden dijo que podría haber trabajado con ellos si hubieran apoyado una versión más amplia, pero «no se movieron ni un centímetro». El Congreso finalmente aprobó el paquete de estímulo sin el apoyo de los republicanos.
La secretaria del Tesoro defiende el plan
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló el miércoles que la recaudación de impuestos a las corporaciones ha caído a su nivel mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Yellen dijo que la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA, por sus siglas en inglés) de 2017 de los republicanos no atrajo nueva producción o inversiones a Estados Unidos. Por el contrario, le dio incentivos a las empresas para enviar trabajadores y ganancias al extranjero.
Además, otros países bajaron sus tasas corporativas en respuesta a la rebaja de Estados Unidos, dijo en una llamada telefónica con periodistas.
«La TCJA no solo perpetuó esta carrera al fondo, también puso a Estados Unidos en desventaja en la carrera», dijo Yellen sobre los recortes de impuestos de los republicanos. También expuso sus argumentos en un artículo de opinión en el Wall Street Journal el miércoles.
Yellen argumentó que la propuesta de la administración —denominada plan fiscal «Hecho en Estados Unidos»— haría que el país sea más competitivo y eliminaría los incentivos para operar en el extranjero. De esta manera quedarían más ingresos en Estados Unidos que pueden usarse para financiar los US$ 2 billones que Biden quiere invertir en carreteras, puentes, banda ancha, energía limpia, atención a los adultos mayores y otras medidas.
En términos generales, como resultado de los recortes de impuestos de años anteriores, EE.UU. recauda ahora solo alrededor del 16% del PIB en ingresos fiscales federales. Esto supone un descenso de cerca de cuatro puntos porcentuales en las últimas dos décadas.
¿En qué podría ceder el Gobierno?
Sin embargo, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, señaló el miércoles que el presidente está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre la propuesta de aumento de la tasa de impuesto corporativo al 28%, pero igual pidió al Congreso que «actúe en grande».
Biden había encargado al gabinete que «trabajara con la oposición y de manera bipartidista» para pagar el plan, dijo. Si bien la administración propone invertir durante ocho años y reembolsar el dinero en 15 años, Raimondo dijo que los funcionarios están abiertos a discutir el reembolso en 20 años y elevar la tasa a una cifra inferior al 28%.
«Lo que le imploro a la comunidad empresarial que no haga es decir: ‘No nos gusta el 28%. Nos vamos, no lo vamos a discutir’. Eso es inaceptable «, dijo. «Vengan a la discusión y resuelvan el problema con nosotros para elaborar un plan razonable y responsable», agregó.
Raimondo pidió una «discusión» con los líderes del Congreso y encargó a los opositores que digan «cuál creen que es un plan alternativo razonable», siempre y cuando no «perjudique a Estados Unidos».
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