Arcioni contratará a una empresa de Córdoba con denuncias de corrupción para recaudar el dinero de los chubutenses.
Antonena y Arcioni los soldaditos de Massa para el gran curro de Kolektor en Chubut. Miles de millones dejaran en manos de una empresa privada que prometerìa enormes retornos.
Se trata de Kolektor, una firma que se encuentra con sede social tanto en la provincia de Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta como afirmó en Cholila el escribano de Làzaro Baez socio de Sergio Massa.
La entidad se encargará de hacer el mismo trabajo de la Dirección General de Rentas, algo de extremadamente dudosa constitucionalidad, si tenemos en cuenta que la función va a ser recaudar el ingreso a las arcas públicas de fortunas de dinero provenientes de los bolsillos de los ciudadanos.
El personal de la DGR ya pateó el tablero, enfurecidos el viernes 13 juntaron firmas en una nota dirigida al ministro de Economía Oscar Antonena. En ese documento los empleados manifiestan su repudio hacia la decisión tomada por el ejecutivo provincial y exigen a las autoridades a que les den explicaciones sobre cómo van a ser las medidas para controlar las operaciones de recaudación que llevaría a cabo esta empresa.
Pues estas negociaciones nos hacen respirar un potente olor a PRIVATIZACIÓN de recaudación pública, algo que implica un enorme peligro si tenemos en cuenta que dejarían en manos de un grupo de empresarios las facultades que deberían corresponderles al poder público: el manejo de toneladas de dinero pagado por nosotros en carácter de impuestos.
Sobre todo, si se trata de una empresa que ya está haciendo ese trabajo en la provincia de Córdoba desde el 2004 y hasta el día de hoy sigue llevando a cabo las funciones de recaudación en esa provincia.
Entre 2016 y 2017 hubieron calientes debates en el recinto de la legislatura cordobesa, donde la oposición denunció verbalmente tanto al gobierno de Schiaretti como a Kolektor de llevar a cabo actos de corrupción con la plata de los ciudadanos, coimas y demás. Exigiendo al mismo tiempo a Schiaretti un informe donde se especifique la cantidad de empleados que tiene la empresa y cuánto está cobrando la firma por el servicio proporcionado.
En 2018 la oposición de la legislatura de Córdoba presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades en el proceso licitatorio de la empresa. Presumían que el gobierno había saboteado la licitación para que la ganara Kolektor sin permitirle el ingreso a otras firmas postuladas.
En agosto del año pasado el gobierno de Schiaretti volvió a renovar el contrato con el ente, prorrogándolo por cuatro años más (hasta 2026). Allá se llama de otra forma, “Servicios y Consultoría. S.A. y CIA. de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. – Unión Transitoria” es la nueva denominación social de la firma en Córdoba, un poco largo, tanto como el tiempo que llevaría operando para los intereses del oficialismo cordobés.
Kolektor ya llevaría acumulando un tesoro de más de 10.000 millones de pesos por sus servicios al gobierno de Córdoba desde 2020 hasta la fecha. Según fuentes periodísticas en 2020 facturó 3.904,3 millones de pesos y hasta junio del 2021 recibió por gestiones tanto en rentas como en la Policía caminera cordobesa un monto de 2.357,2 millones de pesos.
Para Arcioni, pensar en aplicar lo sucedido en Córdoba es “comparar para arriba” y asegura que es un excelente sistema que han adoptado varias provincias.
El Banco del Chubut S.A. se encargaría de llevar a cabo las gestiones pertinentes para contratar a la empresa, que de celebrarse exitosamente el contrato, Kolektor se encargará de gestionar el ingreso público con la plata de los chubutenses a cambio de un generoso porcentaje de esas recaudaciones. Pero eso no es todo, también se le otorgaría determinadas facultades como llevar a cabo la compra directa de recursos, operaciones que al ser realizadas por una organización privada, esta se puede apartar de todo procedimiento y control de contrataciones establecidos por la ley.
Llama poderosamente la atención porque Banco del Chubut S.A. es la encargada de adjudicar la licitación cuando es un tema que afecta a los intereses de los ciudadanos; por lo tanto, lo correcto sería darle participación a la legislatura donde varios diputados se estarían relamiendo para recibir su parte de la torta.
Cuando le consultaron a Arcioni, en su visita a la localidad de Cholila, sobre los empleados de rentas enojados con él por este tema, volvió a hacer lo mismo que el año pasado en el marco de los conflictos sociales por la megaminería: minimizar las protestas y desacreditar a quienes están en contra de sus medidas políticas.
Se refirió al personal disconforme de la DGR como un “grupo muy pequeño” y manifestó que “no hay que darle mayor protagonismo a lo que pudieran decir dos o tres”. No obstante, cuando vemos la cantidad de firmas en el documento descubrimos que casi todo el plantel de la dependencia estatal está completamente en contra con esta decisión del gobierno. Le mostramos aquí algunas de las tantas firmas.
Por el momento Antonena con una actitud muy “maricona” ya comenzó con los aprietes a los empleados entonado por el apoyo de “Mariano” con quienes llevan muy bien la sociedad de los endeudamientos a esta provincia.
Sin ir más lejos, de entrada el gobernador no está respetando los mecanismos democráticos que exigen medidas de esta envergadura. Puesto a que por lo menos algo así debería haber sido enviado a legislatura para que haya por lo menos una fiscalización por parte de los diputados de esta barrabasada que piensa hacer con el dinero de los ciudadanos, o bien si quiere quedar bien parado impulsar un referéndum para que el pueblo manifieste su opinión acerca del tema.
El hecho de darle la espalda a la democracia no es algo que nos sorprenda de Arcioni; sin embargo, nos genera cierto escalofrío pensar en por qué en su último año de mandato y quizás último año de vida política (esperemos) se le ocurre al alicaído gobernador dar riendas sueltas con algo así. ¿Habrá negocios espurios con esta empresa, traducidos en robustos retornos dinerarios para asegurar una acaudalada salida del gobierno?
Nota emitida por los empleados de Rentas al Gobernador:
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