El procurador parece que pretende desviar la atención del escándalo de los secuestros judiciales que se les han “desaparecido”, como por arte de magia, a sus fiscales en Comodoro Rivadavia y entonces recurre a todo tipo de operaciones que hasta son rayanas con la ilegalidad. A él le atribuyen haber presionado para que detuvieran a Romero.
Primero, instaló a través del pasquín del millonario sindicalista Héctor “El bosque de marihuana” González que el abogado estaba prófugo, que se desconocía su paradero; cuando todo el mundo lo veía ir y venir de tribunales. Y después; habría utilizado sus influencias (ya conocidas en el mundillo tribunalicio) para lograr su cometido.
Miquelarena está muy preocupado porque sabe que en cualquier momento se le termina el poder que le queda y que poco a poco van saliendo a la luz los escándalos y sospechas que recaen sobre su desempeño y el de sus fiscales.
En el caso de Romero, mandó a una fiscal de Trelew –que “oh casualidad” dentro de poco será ascendida a juez– a pedir la detención del letrado pese a “no estar firme” la sentencia, con la que lo condenaron a seis años y nueve meses de cárcel.
El abogado, que gozaba de libertad, se encontraba cuestionando ese fallo por el que lo habían declarado autor de un hecho de tentativa de homicidio, en un caso que generó sospechas de falta de imparcialidad por parte de los jueces que lo juzgaron.
Recientemente, Romero había interpuesto una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le había denegado en mayo un recurso extraordinario y todavía el máximo tribunal del país no ha tratado su tema. Eso es lo que hace que la sentencia condenatoria contra Romero no esté firme.
Por ello, la Ley dice que ningún juez de la provincia se encontraría en condiciones en la actualidad de ordenar su detención; máxime cuando ha fijado domicilio real y procesal y ha salido públicamente en algunos medios a decir que se encontraba a disposición de la justicia.
Sin embargo, y en medio de una serie de irregularidades no solo procesales sino administrativas; Romero y su abogada no estaban “vinculados” a la causa y sin ser citados ante un tribunal se autorizó un allanamiento con poca o escaza fundamentación que lo convertiría en nulo; con el objeto de lograr la detención del letrado en una medida que a su vez se sospecha fue dispuesta en forma caprichosa, anómala; violando preceptos procesales, constitucionales y convencionales que obligan a mantener en libertad a las personas procesadas hasta que su sentencia quede firme, según aseguran entendidos.
Es ilegitima la detención de Romero y Miquelarena lo sabe pero aun así –como lo ha venido haciendo en varias causas—ha empujado a sus fiscales y a jueces a cometer ilegalidades por las que con el correr del tiempo podrían tener que dar explicaciones.