El Congreso busca sesionar a fines de agosto con temas no conflictivos para poner en marcha la Cámara de Diputados tras el desembarco de Cecilia Moreau como presidenta.
El segundo semestre del año, luego del traspaso de mando de la presidencia de Diputados de Sergio Massa a Cecilia Moreau, se vislumbra con una agenda variopinta y con el debate del Presupuesto 2023 como máximo hito.
El proyecto de «ley de leyes» debería ser presentado por el nuevo «super ministro» de Economía el miércoles 14 o el jueves 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. Luego del fracaso del debate del año pasado, cuando el oficialismo no pudo aprobar esta herramienta central para la planificación de las erogaciones del Estado porque la oposición de Juntos por el Cambio le retaceó apoyo, en esta oportunidad se redobla necesidad de sancionar la iniciativa, para brindar un marco de estabilidad en medio del temporal económico que azota el país.
Si Juntos por el Cambio persiste en su actitud de obstruir el Presupuesto del Gobierno, el oficialismo deberá conseguir los votos que le faltan en un proceso de «toma y daca» con los diputados del interbloque Federal, Provincias Unidas, Movimiento Popular Neuquino y el bloque Ser.
Antes del Presupuesto, la Cámara de Diputados tiene el foco puesto en aprobar el proyecto de promoción agroindustrial para empujar al sector más dinámico de la economía, «la fábrica de dólares» que está esperando Massa para apuntalar las reservas internacionales del Banco Central, y así recuperar el centro en el frente monetario.
También la Cámara baja tendrá en sus manos la posibilidad de ratificar el proyecto de Consenso Fiscal que firmaron en diciembre pasado el presidente Alberto Fernández junto a 21 gobernadores, y que el Senado acaba de aprobar con el objetivo de encontrar un ordenamiento tributario más armonioso entre la Nación y las provincias.
Otros proyectos que deberán ser tratados en el Congreso
El proyecto que prorroga el régimen de incentivos fiscales a la industria biotecnológica, incorporando además a la nanotecnología dentro del programa de beneficios, fue otro pedido expreso de Massa y será una de las prioridades del Senado, siendo que ya tiene media sanción de Diputados.
Los restantes dos pedidos del llamado «paquete Kulfas» (el ex ministro había sido quien originalmente había trabajado y elaborado estas iniciativas de naturaleza productiva) consistían en las leyes de Incentivos a la construcción y la ley automotriz, dos proyectos que ya recibieron el visto bueno de las dos cámaras.
Dentro de esta agenda de Desarrollo Productivo también se encuadran los proyectos de Electromovilidad, que busca prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna a partir del 2041, y la ley de Compre Argentino. En el caso de esta última iniciativa, que apunta a elevar los márgenes de preferencia para proveedores locales en las contrataciones públicas del Estado, hay dictamen de mayoría del oficialismo pero los números no estarían dando, por ahora, para llevarlo al recinto y aprobarlo. Se deberá abrir una nueva instancia de negociación.
Otro tema saliente que está en agenda en Diputados luego de la media sanción del Senado es el proyecto de la nueva moratoria previsional para que 800.000 personas en edad jubilatoria con aportes insuficientes a lo largo de su vida laboral no se queden sin la posibilidad de recibir las prestaciones de seguridad social. Es un proyecto que se está debatiendo en plenarios de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social.
El proyecto de Alcohol Cero, que busca modificar la Ley de Tránsito, se está discutiendo en la comisión de Transportes y es una demanda constante de organizaciones de la sociedad civil como la Fundación «Madres del Dolor». Tiene buenas chances de ser ley antes de fin de año.
Lo mismo sucede con la Ley de Enfermería para jerarquizar y homogeneizar la formación académica de las carreras de todo el país. La comisión de Salud ya le dio dictamen y falta que ocurra lo mismo en Presupuesto.
La Ley de Obstetricia es otro objetivo para el corto o mediano plazo, al igual que la ley de Envases. La creación de comités mixtos en empresas vinculados a seguridad, evaluación de riesgos del trabajo, salud y conservación del ambiente tiene buenas perspectivas en Diputados.
La «Ley Lucio» para la Prevención y Detección Temprana de las violencias contra las infancias y adolescencias es una asignatura pendiente y todo parece indicar que este será el año en que el Congreso salde esa deuda.
En cuanto a las leyes vinculadas a derechos civiles, también están en la rampa de salida de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de «muerte digna» o eutanasia, según precisó Cecilia Moreau en diálogo con la prensa acreditada en el Congreso.
Y se viene demorando el inicio del tratamiento de la ley «Cuidad en Igualdad» para la ampliación de licencias por maternidad, paternidad, adopción, tratamientos de fertilidad y por fallecimiento de familiares. De todos modos, la idea es que sea ley antes de diciembre.
El kirchnerismo introdujo a través del Senado, con Juliana Di Tullio a la cabeza, el proyecto de Refuerzo de Ingresos para 1.7 millones de personas en situación de indigencia, una variante bastante más moderada en cuanto a alcance e impacto fiscal que el Salario Básico Universal que empujan muchas de las organizaciones sociales afines al oficialismo.
Y en Diputados del Congreso pareciera estar desinflándose el proyecto de gravamen a la renta inesperada que el ex ministro de Economía Martín Guzmán quería poner en marcha para recaudar por las rentas extraordinarias que en algunas empresas vinculadas al comercio de productos primarias generó la guerra entre Rusia y Ucrania.
En tanto, el proyecto para la creación de un Fondo para la Cancelación de la Deuda con el FMI en base a la repatriación de capitales fugados al exterior no declarados ante la AFIP hace rato entró en punto muerto, pese a los intentos por revivirlo por parte del kirchnerismo. La explicación: faltan votos. La iniciativa impulsada originalmente por el senador kirchnerista Oscar Parrilli tiene ya media sanción de la Cámara alta.
En cuanto a la agenda judicial, el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura del oficialismo, para elevar la cantidad de miembros de 13 a 17, está frenada por falta de consenso con la oposición, y eso mismo ocurre con la iniciativa para incrementar la composición de la Corte Suprema de 5 a 25 miembros, una iniciativa que tiene el impulso de 16 gobernadores peronistas.
En el Congreso también está pendiente que se retome el tratamiento de tres proyectos de ley del Frente de Todos que buscan modificar el mecanismo por el cual se llama a consulta popular.