Esta mañana, el fiscal Omar Rodríguez se refirió al caso que involucra a la ex diputada y ministra Cecilia Torres Otarola por quedarse con el dinero de sus asesores. Además, se le señala haber nombrado en cargos hasta al jardinero y a la niñera.
“Es una sola causa que se dividen los hechos en dos tramos: el primero tiene que ver cuando Otarola fue diputada y ella pedía una parte del sueldo para que sigan siendo asesores. El otro es cuando asume como ministra y nombra a mucha gente en el entorno de la subsecretaria y muchos de ellos no presentaban ningún tipo de contraprestación. Esto fue elevado a juicio”, expresó el doctor brindando una rápida explicación de los hechos.
Al mismo tiempo, el fiscal Rodríguez se refirió al pedido de levantamiento del secreto bancario de Martín Sandoval, quien fue marido de Torres Otarola. “Habrían sido pareja, mucho no hemos mirado en ese aspecto. Lo cierto es que la jueza dispone que esto de igual manera, esta información que tiene el defensor es privada, está protegido constitucionalmente porque es un ámbito privado. La jueza, más allá de nuestra posición, ordenó que se extraiga esta información y se haga lectura judicial para hacer una audiencia”, confirmó en Radio Chubut.
Por esta decisión, el encargado del caso aseguró desconocer la lógica de esta medida y continuó: “el abogado defensor pidió información del secreto bancario de transferencias y movimientos que habrían existido entre Sandoval y Otarola y otras personas que también son testigos. Esto es confidencial entre los bancos y estos son testigos, no son imputados u objetos de investigación”.
Dando su análisis del caso, el fiscal Rodríguez dijo que “mi hipótesis es que el denunciante y los testigos manifiestan que les giran determinado monto de dinero”. Y siguió: “muchas veces se hacían llegar contados en efectivo en transferencias. En los dichos de los testigos están corroborados por las transferencias, no solo están sus declaraciones, sino que se abonan con un dato efectivo que son estos movimientos”.
Por último, expresó: “como toda medida invasiva de derechos, tiene que haber un sustento en donde yo pueda avanzar. Los papeles en el banco son privados y están protegidos, estas personas son testigos. Resulta ser que ahora les van a mirar las cuentas”, finalizó, sin comprender a fondo la decisión tomada.