El juicio oral a Cristina Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz, acusada de corrupción desarrollada entre 2003 y 2015, alcanzó este martes el veredicto final, con una condena de 6 años de cárcel al considerarla culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta. Lázaro Báez también fue condenado a seis años, por administración fraudulenta.
Por su parte, José López fue condenado a 6 años; Nelson Pieriotti, 6 años; Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daruich, 3 años y 6 meses; Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses; Juan Carlos Villafañe, 5 años y José Raúl Santibáñez, 4 años.
El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
El juicio a lo largo de estos años
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico».