El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, no descartó rápidas definiciones políticas dentro del Frente de Todos a partir de miradas coincidentes de la región que derivarían en una posible fórmula unificada del peronismo. “Es probable que ocurra. Conversamos mucho con Ricardo (Sastre) y con otros intendentes. Hay sectores políticos con los que pensamos muy parecido. Es probable que en poco tiempo tengamos algún tipo de definición”, adelantó.
“Yo estoy trabajando –indicó Luque en LU4- en un proyecto de provincia y en un plan productivo. Chubut necesita recuperar la esperanza y la autoestima y sólo puede ocurrir con trabajo, ideando cuestiones productivas que generen recursos”.
Destacó la necesidad de contar con una agenda regional y confirmó un encuentro con el senador Alberto Weretilneck (“próximo gobernador de Río Negro” planteó) para avanzar en una estrategia de desarrollo. “Si bien el gobierno nacional en algunas cosas nos ha acompañado, no hay una estrategia para nuestras provincias en mejoramiento que derivan en la generación de industrias. Es un castigo vivir en la Patagonia para la Nación desde el punto de vista impositivo”.
Si bien reconoció el valor de las autonomías municipales en cuanto a la fecha de las elecciones, respaldó la posibilidad de un esquema unificado. “Tenemos que intentar ponernos de acuerdo, con las elecciones provinciales primarias y a partir de ahí, fijar las municipales. Lo de Trelew debe ser atípico. Tantos desdoblamientos hacen que la gente tenga que votar muchas veces”, resumió.
En otro orden, Luque reconoció que las usurpaciones de tierras en su ciudad generaron “preocupación” ya que no se vivían hace mucho tiempo. “Debemos defender el estado de Derecho y establecer las reglas de juego. Hay que volver el ordenamiento para avanzar en la ciudad que pretendemos”, indicó.
“Solicitamos a la Justicia en la primera situación que teníamos en COMIPA, que queríamos actuar rápido. Pero establecer jurisprudencia que genere que la gente pueda hacer cualquier cosa es muy preocupante y malo como ejemplo para la sociedad”.
Cuestionó el fallo que en primera instancia le impidió levantar la toma. “Una jueza hizo lo más fácil y quiso sacarse las cosas de encima, sin actuar con la responsabilidad que se merecía el caso. La doctora Venter nos rechazó la solicitud cautelar y luego, apelamos a Cámara, que sí actuó con seriedad, haciéndose cargo de que hay un problema y que ofrecíamos las posibilidades de resolverlo, haciendo el desalojo pero atacando la vulnerabilidad en el asentamiento”.
“A veces se especula y se mira al costado. Tratamos de solucionar el problema, ordenando la ciudad. Este es el carril más complejo, a veces hay enojo pero no se puede hacer cualquier cosa o ubicar a una población en cualquier lugar. La catástrofe del 2017 puso en evidencia que mucha gente se instaló en zonas inundables y se expuso al riesgo. Si lo permitimos tenemos que hacernos cargos ante la pérdida de vidas o devolviéndole las casas a quienes las perdieron generándole un gasto al Estado”.
Admitió que las tomas que derivaron en la creación de los barrios Moure y Cerro Solo son un ejemplo del crecimiento irregular. “En ese entonces, el Estado no hizo nada y al contrario, alentó a que suceda sin hacer mensuras, ni servicios”.
Referenció que se suma la falta de recursos para urbanizar. “Fracción 14 y 15 con más de 1.500 lotes, empezó en 2017 y recién estamos haciendo cloacas. Pasaron quince años para que tengan gas, energía y agua”.
“Urbanizar un lote cuesta $ 3 millones y la demanda de tierra es de 10 mil lotes. Esos $ 30 mil millones que costaría, equivale cerca de seis o siete veces el presupuesto de obras públicas que tiene la Municipalidad”.