Ya es religioso escuchar en los dichos de Miquelarena la necesidad de reformar el Código Procesal Penal y que la “culpa la tienen los jueces” a efectos de intentar justificar la razón por la cual una gran cantidad de delincuentes terminan sueltos. Pero eso no es más que sanata pura, humo para los no entendidos.
La solución para erradicar el delito de manera eficiente no consiste en modificar la ley sino en cumplirla. De nada va a servir una reforma al código de procedimientos penales si los encargados de investigar los hechos no se ponen las pilas.
Cada vez que habla Miquelarena a los chubutenses, se lava las manos y desde hace años que viene zafando de las incisivas preguntas de los comerciantes hartos de la inseguridad utilizando el mismo recurso de siempre: “hay que reformar el código procesal”
El Código Procesal Penal de la provincia ya se reformó hace tiempo por impulso de Mario Das Neves, quien utilizaba la mismas mentiras que su discípulo, el procurador Jorge Miquelarena. La cuestión es que se produjo la reforma y ahora volvimos al comienzo, porque el procurador quiere hacerlo de nuevo y pareciera que el pobre código está condenado a ser reformado hasta la perpetuidad, mientras funcionarios como él hacen la plancha y llenan de versos a la comunidad.
El “INFORME ANUARIO 2022” publicado en la página oficial del Superior Tribunal de Justicia hace un relevamiento del trabajo de los fiscales de Miquelarena, y revela algo de una gravedad colosal: solo el 10% de los casos denunciados en el año 2022 se judicializaron, ¿Qué quiere decir esto? Que en el 90% de los delitos denunciados el año pasado, los fiscales de Miquelarena miran para otro lado, dejan libre a los detenidos y queda todo en la nada, y es una práctica que se viene desarrollando hace años.
Cuando ocurre un delito y la víctima denuncia, el fiscal a cargo es el que decide si va a investigarlo o no. El fiscal tiene esa facultad conforme al actual Código Procesal Penal de Chubut. Si el fiscal decide no investigarlo, ya sea porque lo considera un delito de bagatela (delito insignificante) o bien alguna otra razón que nunca se termina justificando del todo, el detenido queda libre y por lo tanto no se judicializa, es decir, no llegan a sentarse frente al juez para poder ser juzgado como corresponde.
Es así que cuando ocurre un delito y los policías detienen a un sujeto, los fiscales desde sus casas en pantuflas y pijamas, les dan la orden por teléfono a los efectivos para que lo suelten, sin siquiera acercarse a los lugares donde acontecen los hechos. Los efectivos acatan esa instrucción, y es así que el autor de un delito queda libre y dispuesto para volver a cometer otro, y así sucesivamente.
¿Por qué hacen esto los fiscales? Muchos pueden ser los factores que pueden influir en esta corruptela, pero lo más común es pensar que lo hacen por vagancia y a efectos de cobrar el frondoso salario que perciben todos los meses con el menor esfuerzo posible.
Todo esto deja en evidencia que el código procesal vigente NO DEBE ser reformado, porque de ninguna manera representa un obstáculo para que los delitos se investiguen; al contrario, facilita el procedimiento, porque coloca en cabeza del fiscal TODO el poder de la investigación, pero lo que sucede es simplemente que el fiscal no investiga, y no lo hace PORQUE NO TIENE GANAS DE TRABAJAR, y Miquelarena está al tanto de esto aunque se haga el desentendido.
Ahora, vamos a lo más grave. El 22 de mayo se desarrolló una conferencia en la Cámara de Industria y Comercio de Trelew entre el procurador y los comerciantes para hablar sobre la inseguridad. Un par de policías que estaban presentes le mencionaron a Miquelarena esta práctica desarrollada por sus fiscales, y la respuesta del procurador fue hacerse el tonto y lavarse olímpicamente las manos diciéndoles: “…cuando sea así me lo hacen saber inmediatamente…”, como si él fuera un individuo totalmente ajeno a la procuraduría.
Miquelarena debe recibir todos los meses en su despacho un informe estadístico por medio del cual entra en conocimiento de la cantidad de delitos que se denunciaron y se están investigando en su procuraduría. Cualquier jefe de fiscales con dos dedos de frente si ve que en ese parte informativo figura que se está investigando solo el 10% de los casos denunciados, inmediatamente va a alarmarse y va a citar a sus fiscales para preguntarles por qué no están investigando, y de seguro rodarían cabezas.
Pero pareciera que para Miquelarena esto no es relevante y lo deja pasar o bien no está enterado de lo que está sucediendo en su procuraduría, lo cual es muy poco creíble.
Es muy grave lo que revela el informe del poder judicial porque traducido en números simples, de 1000 delitos denunciados se investigaron solo 100.
Miquelarena sin embargo, está empecinado en reformar el Código Procesal para que los juicios sean más rápidos y haya más celeridad. Pero eso es una falacia total, porque que si los fiscales deciden no investigar un caso, el detenido nunca va a llegar a la audiencia judicial. Eso sin mencionar que el juez es un mero árbitro, si los fiscales no reúnen la prueba, el magistrado tiene la obligación de soltar al detenido.
Miquelarena quiere reformar el Código Procesal porque se sabe que ya le queda poco en la procuraduría, y todo esto lo hace para desligarse de la responsabilidad que tiene él de que los malvivientes sigan delinquiendo impunemente en las calles. También lo hace a los fines de cuidar la imagen del ministro de Seguridad Miguel Castro.
A continuación, te mostramos lo que describimos más arriba, pero traducidos en números. En 2022, de 2.557 carpetas iniciadas por los fiscales se formalizaron (se presentaron en la justicia) solo el 9% (230 casos).
En el siguiente cuadro estadístico vemos que la cantidad de “autores ignorados” (10.702) durante el 2022 representa alrededor del 37% de los casos iniciados (28.524). Cuando hablamos de “autores ignorados” nos referimos a casos donde no hay individuos a quien imputarles el delito.
El siguiente cuadro es muy interesante, porque nos informa sobre una gran cantidad de casos que se resolvieron mediante “juicios abreviados”. Esto significa que los fiscales se sentaron a negociar con los detenidos para que confiesen el delito a los fines de que se termine el juicio rápido. Conforme a las siguientes estadísticas los fiscales hicieron abuso de esta herramienta y resolvieron los casos sin mover un dedo para investigar, algo que pone de manifiesto una increíble falta de ganas de trabajar.
La cantidad de resoluciones por juicios abreviados representan el 76% de los juicios realizados en el 2022, en las localidades mencionadas. En criollo: los fiscales de Miquelarena “se rascaron a dos manos” todo el año.