Una vez más vemos, con enorme preocupación, cómo el gobierno de Mariano Arcioni se desentiende de la voluntad del pueblo chubutense, clara y repetidamente manifestada.
El envío a la Legislatura Provincial del Proyecto de Ley N° 019/23, mal llamado de “Soberanía energética”, pone en evidencia el menosprecio a la inteligencia individual y colectiva de las y los chubutenses por parte del gobierno provincial al enmascarar una nueva propuesta de explotación minera a gran escala bajo el eufemismo de “la capacidad del pueblo de usufructuar el producto de la explotación de los recursos naturales”.
El aporte energético de la Provincia del Chubut a la capacidad energética nacional es reconocido por todos. El problema reside en la distribución y por lo tanto en la capacidad de gestión del gobierno provincial que entrega a las empresas mayoristas el volumen de energía producido sin asegurar la provisión energética a su propio pueblo. No es por lo tanto un problema de producción sino de distribución energética.
La propuesta de la Ley N° 019/23 solo profundizará la inequidad en la provisión de energía toda vez que para producirla se propone y requiere la explotación de bienes reconocidos como vectores energéticos (litio y uranio por ejemplo) cuya extracción está prohibida por ley y que, como ya ha sido demostrado por el propio pueblo, agotaría las fuentes de agua de nuestro territorio.
Es indispensable que el Gobierno de Chubut tenga la capacidad de gestionar y garantizar la provisión de energía eléctrica para todos sus habitantes con el volumen de energía hidroeléctrica e hidrocarburífera que ya se explota, volumen que es entregado a las distribuidoras mayoristas y que inescrupulosamente se provee a los grandes centros urbanos del país.
La propuesta de incrementar la explotación de bienes para proveer energía a todas las ciudades y los pueblos encierra en sí misma la trampa del volumen de energía que requieren las empresas para su extracción y es justamente la actividad que el pueblo de Chubut rechaza desde hace más de 20 años.
No nos parecen casuales las repudiables declaraciones del Presidente Alberto Fernández cuando, con una visión decimonónica, afirma que la meseta chubutense es un desierto del que puede extraerse cobre, ni la embestida judicial contra las y los vecinxs que arriesgan su propia integridad en la defensa de los Derechos de todos y todas lxs chubutenses al amparo de normativa internacional como el Acuerdo Escazú.
Exhortamos al Gobernador Mariano Arcioni a retirar el Proyecto de Ley 19/23 y someterse plenamente a la voluntad del pueblo de Chubut que rechaza firmemente la explotación minera a gran escala y a garantizar la provisión y distribución equitativa de la energía producida en la provincia a todos y cada unx de las y los habitantes del territorio.
