Es evidente que se utiliza una doble vara para medir distintos hechos. Mucho más si de la Justicia se trata. El andrajoso trapo que venda los ojos de la Dama de la Justicia, sea la diosa griega Temis o la diosa romana Justicia, luce cada vez más decrépito. En los últimos días las medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal del Noroeste del Chubut han sido muy dispares, con acciones y celeridad contundentes solamente en algunas de ellas.
La semana pasada la Fiscalía resolvió archivar la causa en la que se denunciaron las actuaciones violentas y desmedidas de la policía provincial en el marco de los festejos por uno de los partidos del Mundial y que derivaron en una batahola como no había sucedido ni sucedió en ninguna de las demás celebraciones por esos acontecimientos.
Sólo diez días atrás el mismo ministerio había decidido impulsar el pedido de un juicio penal contra integrantes de la comunidad mapuche por presuntos hechos de usurpación y violencia. La acusación la realizó un particular en el marco de una disputa sobre una propiedad de tierras fiscales que circunda lo que se conoce como la Reserva Nahuelpan. La celeridad de los fiscales no se hizo esperar. La abogada Sonia Ivanoff sostuvo en ese momento que ese ministerio «apunta solamente a disciplinar -y agregó-, no es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel acusa de usurpadores a indígenas en desconocimiento.
En esa misma causa, los integrantes del pueblo originario habían denunciado el accionar de los efectivos policiales que, en su propósito por notificar a los demandados, ingresaron en un campo lindante, rompieron alambrado y violentaron la propiedad comunitaria mapuche. Esa denuncia específica, aún duerme en los expedientes.
El cristal con que se mira
¿O será que la fiscalía promueve según el color del cristal con que mira los hechos?, parafraseando a Campoamor.
Lo cierto es que el 9 de diciembre de 2022 la selección de fútbol vencía a los Países Bajos en los penales y se metía en las semifinales del Mundial de Qatar. Como sucedió en todo el país, los festejos no se hicieron esperar en Esquel. Una multitud copó las calles de la ciudad, haciendo epicentro en 25 de Mayo y Rivadavia.
A unas cuadras se desarrollaba la feria que se dispone sobre la avenida Alvear. Los hechos, que aún están sin investigar, tienen como registro la feroz represión policial protagonizada por Infantería que se desató sobre los vecinos, entre los que se encontraban menores. Gases lacrimógenos y proyectiles sobre familias enteras que estaban festejando fueron el escenario de lo vivido ese viernes en la ciudad patagónica.
Los testimonios dan cuenta de personas tratando de cobijarse en los negocios, en el cajero de los bancos ubicados en el lugar, grupos desmembrados y hasta la perdida momentánea de algunos menores. El argumento esgrimido por las autoridades de la fuerza pública fue desmanes que se habrían registrado, sin especificar cuáles y cómo fueron.
La APDH Esquel radicó en su momento un pedido de investigación por los episodios registrados. «El accionar policial debe ser proporcional a los hechos delictivos que están sucediendo en el momento, traer agentes policiales con escudos, cascos y armas antitumulto en un festejo de un partido de fútbol nos parece realmente desproporcionado», sostuvo por ese entonces, Claudia Ermili del organismo de Derechos Humanos.
El jefe de la Unidad Regional, comisario Mayor Darío González habló de un plan operacional previo pensando en cubrir los festejos. Una decisión poco clara teniendo en cuenta las movilizaciones multitudinarias como las protagonizadas por el movimiento del No a la Mina o las mismas manifestaciones de los trabajadores en reclamos de sus derechos, que nunca tuvieron disturbios ni desmanes que merecieran la intervención policial.
La nota administrativa, para dar cuenta de lo actuado reza: «informo que, por la situación consultada se generaron dos legajos fiscales por las denuncias de dos personas, 57.510 y 57.526. Ambos legajos fiscales fueron archivados el 28 de abril de 2023». Lleva la firma de la fiscal María Bottini, de la Oficina de Investigación y Delitos Complejos.
Recuerdos del espionaje
Bottini es la misma funcionaria que había sido denunciada, y luego sobreseída, por los hechos de espionaje contra una veintena de personas. Causa que está por elevarse a juicio contra tres de los espías de la AFI que actuaron y tuvieron contacto con integrantes de ese ministerio judicial.
En los dos expedientes los vecinos que denunciaron los hechos dieron cuenta del estado de salud de sus hijos menores de edad, luego de la intervención policial por disturbios ocurridos en el centro de la ciudad. En uno de los casos una de las menores debió ser atendida en el hospital por alergia al gas pimienta y posterior ataque de pánico. En otro, el hijo de uno de los denunciantes se encontró de frente con un policía quién lo habría apuntado con una escopeta y preguntado dónde iba.
Bottini entiende que «si bien estas acciones podrían entenderse excesivas por parte de la policía…», añade en su imperturbable nota , «no existen elementos como para efectuar una imputación concreta a personal policial en los términos del art. 274 del CPP, no sólo porque no es posible individualizar a las personas, sino también porque podrían jugar causales de justificación previstas en el art. 34 del Código Penal, ya que la actuación se debió a disturbios que podrían haber generado males mayores».
La APDH lamentó «profundamente tal decisión que invisibiliza prácticas antidemocráticas, que se están haciendo habituales en Chubut y que profundizan el descreimiento de la población hacia los poderes del Estado».
En su libro «Vigilar y castigar», el filósofo e historiador francés Michel Foucault, habla de cómo en el origen de la sociedad capitalista existían ilegalismos permitidos para la burguesía como nueva clase dominante en ascenso y la anulación de los derechos civiles.
Quizás Foucault nos oriente para entender el porqué de la celeridad con que el Ministerio Público Fiscal de Esquel se maneja en algunas causas. Por ejemplo, la que tiene a integrantes de pueblos originarios sentados en el banquillo de los acusados. O cómo ningunea denuncias que tienen como protagonista a la «fuerza del orden público».
Resultaría interesante que analizáramos a menudo cuáles serían algunos de los motivos que pueden influir en la existencia de esta doble vara de medir que utiliza uno de los poderes del Estado cuando se trata de aplicar la legalidad.
