Tendría que haber sido enjuiciado por violencia de género contra una fiscal que trabajaba con él en Rawson y acusado de encubrir a un médico forense al que le encontraron material de pornografía infantil en la computadora. Pero, el tribunal que debía llevar adelante “el jury” en su contra sacó a último momento “un haz de la manga” y archivó las actuaciones. Las pruebas que había contra Fernando Rivarola eran irrefutables.
Es el fiscal que se hizo conocido a nivel nacional por decir que una violación era un desahogo sexual, cuando en vez de acusar a los que abusaron en manada de una chica en playa Unión y lograr que se los condene, actuó como el abogado defensor.
Vale la pena entonces saber quiénes fueron los que con una controversial decisión impidieron que un sinvergüenza terminase siendo expulsado de la Justicia de Chubut. Ese tribunal estuvo integrado por el también polémico ministro del Superior Tribunal Daniel Báez. Los abogados María Góngora y Miguel Barletta; y las diputadas provinciales Mariela Williams y Mónica Saso.
¿Qué pasará ahora? ¿El Consejo de la Magistratura puede insistir y pedir a algún órgano supremo que se revea el dictamen de los enjuiciadores? Varios juristas de trayectoria sostienen que no y que Rivarola tendría que ser restituido en su cargo. Pero, ¿debería volver a la fiscalía de Rawson? ¿Qué pasara entonces con la fiscal que lo denunció; la doctora Florencia Gómez? ¿Hasta dónde juega la actitud protectora que Jorge Miquelarena, el procurador de la provincia, ha tenido siempre hacia el acusado?
La doctora Sonia Donatti, en declaraciones periodísticas que hizo hace unos días en Trelew, hablando sobre este caso; además de tratar de explicar con claridad cómo hicieron zafar a Rivarola, también habló de cómo ellos tomaron la decisión de que se archivara los pedidos de “jury” contra el fiscal “por vencimiento de plazos”. Y anticipó que se juntarían para evaluar las acciones a seguir.
Donatti encabeza la “Comisión Acusadora” del Consejo de la Magistratura, que integran los consejeros Mirta Pacheco, Mirta Antonena y Mariano Jalon, y que perseguía lograr la expulsión del Poder Judicial de Fernando Rivarola.
“Hemos convocado al pleno del Consejo a una sesión extraordinaria (que se realizaría este mes de setiembre) para que valore (el dictamen del tribunal) y tome las decisiones que estén a su alcance con referencia al pronunciamiento”, dijo entre otras definiciones Sonia Donatti.
“El tribunal (del jury) se ha puesto a valorar plazos que están en una Ley y que ponen en seria dificultad de funcionar al Consejo”, aseguró Donatti, y más adelante cuestionó que se haya aplicado el Código de Procedimiento Penal “que no es aplicable al caso, porque este es un procedimiento de raigambre administrativo sancionatorio”, definió. (…) “Nunca un plazo podría estar en contra de la investigación de los magistrados y de los funcionarios”, se quejó y más tarde insistió con oponerse de que al Consejo se le pongan plazos de tres o seis meses para llevar adelante una investigación contra algún funcionario denunciado al asegurar de que no cuenta con una estructura capaz de hacerlo.
Si esto que expone Donatti prospera y sienta un precedente, será una perspicaz herramienta para hacer zafar a jueces, fiscales y funcionarios corruptos. Porque al Consejo de la Magistratura le pondrán un plazo que no será de más de seis meses para armar la acusación y llevar el caso al jury, y en medio de las múltiples funciones que tiene que desempeñar el organismo difícilmente lo va a poder cumplir.
