El Gobernador electo de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, presentará una demanda ante la Justicia Federal en sintonía con el amparo presentado por el senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, por el deterioro de la Ruta Nacional 40.
La situación de la ruta fue uno de los ejes de diálogo entre Torres y los intendentes de la Cordillera y la Comarca chubutense durante los encuentros llevados a cabo recientemente, a la vez que la Federación Empresaria del Chubut (FECh) también advirtió su preocupación al respecto.
En tal sentido, el mandatario planteó la necesidad de «una obra integral que implique el reasfaltado y no el bacheo, porque el estado de la misma es deplorable y es una constante amenaza a la seguridad de quienes transitan de norte a sur del país, pero especialmente para los patagónicos».
En este contexto, Torres anticipó que «vamos a realizar una presentación en la Justicia por el avanzado estado de deterioro de la ruta» y manifestó que «hoy en día, cualquier persona puede venir a pasear a Chubut y dejar el tren delantero en la Ruta 40, que se convirtió en un tramo complejo para los automovilistas, lo cual atenta contra el turismo y el desarrollo».
«También es imperante que funcione un control fitosanitario y especialmente de cargas sobre la ruta, considerando la importante cantidad de camiones que a diario atraviesa la misma, generando pozos cada vez más grandes. No es un problema que se solucione con trabajos de bacheo en frío como se vienen realizando hasta ahora, sino que es necesaria una obra de repavimentación y un control que evite futuros deterioros en la traza», agregó el mandatario.
«La Ruta 40 atraviesa más de veinte parques nacionales, entre ellos Los Alerces, y conecta a casi una treintena de pasos cordilleranos. No podemos permitir que se siga rompiendo y que se apliquen «parches» en lugar de una solución definitiva», sostuvo Torres, agregando que «también vamos a exigir que la obra de reasfaltado sea incluida en el Presupuesto Nacional y que Vialidad Nacional tome cartas en el asunto; como funcionarios públicos estamos obligados a velar por la seguridad de la ciudadanía, y como Gobierno, junto a los intendentes, nos hemos comprometido a subsanar esta cuestión de manera definitiva».
