El oficialismo y la oposición «dialoguista» llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias para la ley ómnibus del Gobierno, primera y principal apuesta jurídica-política del presidente Javier Milei.
Tras una jornada de intensísimas negociaciones, cerca de la 1.30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de la Cámara baja que estudió el texto logró el número para el despacho.
Finalmente, el dictamen de mayoría de la Ley de Bases cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias.
Según se supo, se anotaron otros cuatro dictámenes de minoría, uno de ellos de 45 firmas correspondiente a Unión por la Patria.
Mientras los legisladores expresaban sus rechazos y apoyos a la norma en el salón central del anexo C de Diputados, en el despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem, se terminó de pulir el articulado final hasta la madrugada.
En esas negociaciones estuvieron las diputadas del PRO María Eugenia Vidal y Silvia Lospennatto, parte del bloque que junto a la UCR y Hacemos Coalición Federal acompañaron con algunas disidencias el dictamen de la mayoría.
Esas firmas dejaron a la ley ómnibus en condiciones de llegar al recinto el próximo jueves, paso clave para el objetivo final del Poder Ejecutivo.
Por los intercambios que se dieron a lo largo de toda la jornada, el plenario de comisiones que estaba convocado para las 18 debió correrse primero para las 20:30 y luego para las 21, ya que los diálogos frenéticos se dieron entre diputados, gobernadores y referentes del gobierno nacional no llegaban a una conclusión.
Según se pudo reconstruir, las divergencias internas más notorias se plasmaban dentro de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza Rodrigo De Loredo.
Apoyado en el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el cordobés marcó el artículo que grava impositivamente a las retenciones de las economías regionales como un retroceso al «kirchnerismo».
Dentro de ese espacio, el bonaerense Facundo Manes rechazó el proyecto en general y dijo que solo logrará «empobrecer aún más» a los argentinos.
Por el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, se daría libertad de acción a la hora de la votación y, por ejemplo, la Coalición Cívica presentará un dictamen propio por no estar de acuerdo con puntos clave de la ley.
«Esperamos que las respuestas que le han dado a los gobernadores estén receptadas en el dictamen. Tenemos una visión receptiva de no poner palos en la rueda», resaltó Pichetto en declaraciones a la prensa antes del plenario.
Durante el debate en comisión, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, ratificó que su espacio votará por el rechazo del dictamen y apuntó fuertemente contra algunas figuras del oficialismo, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger.
«Desde el 2005 para acá no recuerdo una comisión que esté tratando un tema de esta envergadura y que se convoque para iniciar el debate política con deseo del oficialismo de dictaminar, que se junten a las 20.30 y que se arranque a las 21», se quejó.
Y agregó: «a expresión de nuestro bloque será de rechazo. Vamos a tener, más temprano que tarde, que otros diputados de otros bloques se van a dar cuenta de que es un error darle más facultades a este presidente (Javier Milei)».
Una negociación con las provincias
La negociación, palabra tabú en la Casa Rosada, pero que en las praxis existe, se encaminó después de que el Ejecutivo aceptara los cambios propuestos por la liga de gobernadores de Juntos.
La propuesta fue acercada por el gobernador de Entre Ríos y referente del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), al ministro de Interior, Guillermo Francos, en una reunión que se mantuvo en máxima reserva.
Si bien el pedido de los mandatarios provinciales incluyó la derogación del artículo que incrementa los derechos de exportación en las economías regionales, Francos se mantuvo intransigente en ceder ese punto.
En ese contexto, los opositores aspiran a que ese ítem quede trunco en el recinto, recurso que quedaría habilitado desde esta noche si es que se concreta la firma del dictamen en disidencia.
Por otro lado, los aspectos en los que sí dio luz verde el Gobierno pasarían por cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, favorable a la ciudad de Buenos Aires, que destraban fondos de coparticipación.
Además, acordaron eliminar del proyecto el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). También el Ejecutivo aceptó la propuesta de que el nuevo blanqueo impulsado sea coparticipable con las provincias.
En otro carril, el oficialismo aceptó la propuesta de los representantes vinculada con la determinación del salario mínimo docente.
A su vez, pidieron condonar las deudas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y, como contrapartida, que se transfieran los activos del FGS al Tesoro facultando al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias para su
instrumentación.