El abogado patrocinante del empresario pesquero Raúl Cereseto, Nicolás D’Albora, señaló que pedirán a la Justicia que el caso contra los dirigentes del Supa por el presunto delito de extorsión, se lleve a cabo bajo la figura de asociación ilícita, y que se amplíe la prisión preventiva para los imputados, que la semana pasada se ordenó sea domiciliaria por el término de un mes.
Esta causa, con un tiempo asignado de seis meses de investigación judicial, se inició contra cinco sindicalistas del gremio de estibadores Supa por los delitos de extorsión y amenazas, los cuales se encuentran con prisión preventiva domiciliaria. En el proceso investigativo se presentarían como medio de prueba mensajes de texto y audios intimidatorios contra los cinco empresarios que se presentaron como denunciantes.
Nicolás D’Albora anunció que, asimismo, se presentará en la Justicia un audio que estaría circulando con amenazas de «guerra» por parte de los involucrados hacia los denunciantes, y que buscarán que la causa se lleve a cabo bajo la figura de asociación ilícita y se amplíe el tiempo de prisión preventiva.
En relación al audio que circularía, señaló el letrado, «hablar de guerra es una amenaza, no es otra cosa que violencia y será un elemento que será utilizado cuando se venza esta prisión preventiva por un mes, para pedir la ampliación de esa domiciliaria, nosotros vamos a presentar esa grabación que anda circulando», agregando que «no solo es una amenaza a los empresarios, es una amenaza al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, es una provocación muy grande».
En otra radio la misma persona, sostuvo, «reconoció los pagos, dando un argumento muy genérico por usos y costumbres, como que porque un delito se comete siempre, queda justificado y quiere mezclar la cuestión de los trabajadores y sus derechos, se quieren mostrar como Robin Hood, como si fuera por una causa noble, pero acá la plata fue al bolsillo personal de los dirigentes del Supa».
A su entender, un caso como el que se ventila, con las pruebas documentadas, «no tiene precedentes en la justicia penal a nivel nacional. Respecto a la violencia, para eso están los arrestos domiciliarios, pero si no lo entienden de esta manera, tendrá la justicia que adoptar medidas cautelares más graves, como puede ser el alojamiento en una dependencia carcelaria».
La investigación, declamó, «estamos seguros que debe terminar en una condena», y amplió que «nosotros consideramos que no solamente confluye el delito de extorsión, sino de asociación ilícita, la utilización del Supa es el marco legal con viso de legalidad que han utilizado para montar esta empresa criminal, que es, mientras están en su cargo, poder lucrar y obtener la mayor tajada posible para su provecho propio, que no es el de los trabajadores».
Por otro lado se refirió al atentado que sufrió Cereseto con la quema de su camioneta la semana pasada, destacando que «no tenemos pruebas de la autoría material, pero estamos convencidos que la vamos a tener», y recalcó que «nosotros vamos a hablar a través del expediente y buscamos la condena penal, respecto de un delito muy grave que tiene un mínimo de 5 años de prisión.