El Gobierno argentino tuvo que reorganizar sus planes en torno al Pacto de Mayo debido a las complicaciones surgidas en el Congreso con la Ley Bases y el paquete fiscal. Originalmente, se había contemplado convocar a ministros provinciales para definir los detalles del pacto antes del evento, pero esta decisión se ha pospuesto hasta después del 25 de mayo.
Según fuentes cercanas al Gobierno, la intención es otorgar al pacto un carácter de «pacto fundacional» y para ello se busca que una comisión técnica amplíe y acuerde los detalles previsionales, laborales, tributarios y económicos que se firmarán en la ciudad de Córdoba.
Ante la presión de gobernadores, el Gobierno analiza sumar Educación y Producción a los 10 puntos que propuso Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
Por otro lado, la convocatoria de los gobernadores esta condicionada por su postura en general a la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. La orden dada en el Ejecutivo es invitar a los que colaboren con la sanción de los proyectos. Desde ya, se descarta la asistencia de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), entre otros.
El Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba fue elegido como la sede del Pacto de Mayo, principalmente por su estética. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, consideran fundamental que el lugar tenga columnas romanas y una arquitectura de estilo griego.
Aunque el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ofreció el Centro de Convenciones de la capital, esta opción fue descartada por no cumplir con los requisitos estéticos y de disposición espacial deseados por el Gobierno.
El evento se llevará a cabo en el salón de los Pasos Perdidos, un espacio emblemático del Palacio de Justicia, que cuenta con las características necesarias para albergar un acto de esta envergadura.
El Ejecutivo busca darle mayor institucionalidad al acuerdo, incluso contemplando la posibilidad de condecorar a los gobernadores que lo firmen con la Orden de Mayo, una distinción que generalmente se otorga a extranjeros.
Los puntos 10 puntos del Pacto de Mayo que propuso el presidente son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva.
También incluye la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral, una previsional que permita suscribirse a un sistema privado de jubilación, una política y la apertura al comercio internacional.
Con el objetivo de acercar posiciones con los gobernadores, el Gobierno está trabajando en modificaciones para la Ley Bases y el paquete fiscal, incluyendo temas como la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo reuniones con varios gobernadores para discutir estos temas. Esta semana recibió a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Tambien convocó a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), pero todavía no recibió un respuesta formal.
