Tras una extensa investigación de ocho años, el magistrado Marcelo Aguinsky elevó a juicio oral una causa que involucra a la Aduana durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El fraude fiscal, estimado en más de USD 300 millones, implica a 97 personas, entre funcionarios aduaneros y empresarios.
El juez Aguinsky destacó la complejidad de la red de corrupción, que involucra la manipulación de 1.500 contenedores mediante sociedades ficticias y documentación falsificada. Los delitos, que se remontan a 2014, abarcan desde el despacho ilegal de mercaderías hasta la evasión de controles aduaneros mediante la presentación de información falsa.
La investigación revela una práctica estructurada y coordinada dentro del sistema aduanero, en la que participaron tanto profesionales del comercio exterior como empresarios. Para prevenir futuros casos, el juez propone medidas más estrictas de control, incluyendo el registro fílmico de todas las operaciones aduaneras y el uso de body cams por parte del personal.
Aguinsky decidió no tratar el tema como una única megacausa para asegurar el avance de la investigación, teniendo en consideración la experiencia de las dilaciones de los grandes objetos procesales en la Justicia nacional.