Javier Milei está a un paso de coronar su primer triunfo legislativo. El proyecto de ley de desguace del Estado, bautizado oficialmente como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue aprobado por la mínima en el Senado, en una sesión maratoniana marcada por violentas protestas en el exterior. Queda solo que regrese a la Cámara de Diputados, donde se inició la discusión del proyecto, para su revisión y sanción definitiva.
Hoy por hoy, Milei cuenta con apoyos suficientes para que la Cámara de Diputados le entregue las herramientas que solicita para transformar Argentina con su modelo económico ultraliberal. Si los diputados aceptan el borrador modificado por el Senado, la ley quedará aprobada y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. La Cámara baja tiene una segunda opción: insistir con el borrador que los diputados aprobaron en abril, para lo que se necesita mayoría absoluta, es decir, el voto de la mitad más uno de los miembros presentes.
Sea una opción u otra, la ley final distará mucho del proyecto de 664 artículos presentado por Milei en diciembre, pocos días después de asumir como presidente de Argentina. La minoría legislativa de La Libertad Avanza—38 diputados oficialistas de un total de 257 y 7 senadores de 72— le forzó a mutilarla. El texto original perdió más de la mitad de los artículos y fue dividido en dos: la Ley Bases propiamente dicha —que incluye los capítulos sobre desregulación económica, reducción del Estado e incentivos a grandes empresas— y el paquete fiscal, con cambios impositivos y una amnistía para evasores. Estos son los puntos más importantes de la ley.
Superpoderes a Milei
La ley declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética. Durante ese periodo especial, el Ejecutivo argentino tendrá facultades legislativas en esas áreas clave, es decir, podrá reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso. El Poder Legislativo finalmente le concede esta herramienta a Milei, aunque por la mitad del tiempo que quería y en un tercio de las materias solicitadas en el proyecto original de diciembre.
Privatización de empresas
Los legisladores han decidido que la mayoría de empresas públicas no está en venta. De la lista inicial de 41 empresas presentada por el Gobierno, la última versión deja apenas ocho sujetas a la privatización total o parcial. Sin embargo, está por ver qué pasa con Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y la Radio y Televisión Pública: la Cámara de Diputados autorizó su venta, pero el Senado la rechazó. Los diputados tienen la última palabra.
Cierre de organismos estatales
El Ejecutivo podrá cerrar todos los organismos públicos a excepción de una veintena, que solo podrán ser reestructurados. Encabeza la lista de exceptuados el principal organismo de ciencia y tecnología del país, el Conicet. Está también el máximo referente en enfermedades infecciosas, el Instituto Malbrán; el organismo que gestiona y fomenta la producción audiovisual, el Incaa; y el banco nacional de datos genéticos, que guarda información de personas desaparecidas para poder determinar la posible filiación de nietos secuestrados durante la dictadura.
Reforma laboral
Milei está por obtener una reforma laboral que varios de sus predecesores, como Mauricio Macri, intentaron sin éxito, aunque es inferior a la que buscaba. El Gobierno defiende que la flexibilización prevista incentivará el crecimiento del empleo formal privado, estancado desde hace más de una década, pero los críticos creen que hará aún más precario el mercado laboral y aumentará el desempleo.
La nueva normativa contempla que las empresas puedan contratar a empleados por un periodo de prueba de seis meses, el doble que el actual, ampliable a ocho meses para compañías medianas y a un año para las que tengan menos de cinco empleados. Además, permite tener hasta cinco personas contratadas como colaboradores autónomos, es decir, sin relación de dependencia.
La ley ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus empleados, pero al mismo tiempo elimina las sanciones a aquellos que empleen a personas sin contrato, al suprimir las indemnizaciones especiales que obtienen hoy en la justicia.
Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI)
Este es uno de los capítulos más polémicos. Garantiza beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para los proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología. Además, ofrece blindaje normativo a las empresas ante cambios legislativos futuros: las diferencias se dirimirán en tribunales internacionales.
El Gobierno sostiene que Argentina necesita ese generoso régimen para seducir a las grandes firmas para que apuesten por Argentina con proyectos a largo plazo, pero las pymes advierten que las perjudicará y destruirá empleo local.
Capítulo energético
El proyecto de ley plantea una gran transformación del sector energético para atraer a los grandes jugadores mundiales y multiplicar la extracción de recursos para la exportación. El imán es la formación de Vaca Muerta, en el sur del país, que tiene la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. La normativa reduce al mínimo la intervención del Estado, liberaliza precios —hoy regulados— y abre las puertas al libre comercio.
Amnistía fiscal
Los evasores fiscales podrán blanquear capitales no declarados sin pagar multas, siempre y cuando el dinero ingresado al sistema financiero argentino no salga hasta el 31 de diciembre de 2025. Las facilidades previstas para acogerse a la amnistía han encendido las alarmas de los expertos en lavado de dinero por considerar que es permeable al ingreso de capitales ilícitos en un país con fronteras porosas y con ciudades golpeadas por la narcoviolencia. Quedan excluidos del blanqueo quienes han ejercido un cargo público en los últimos diez años, así como sus cónyuges, padres e hijos. Tampoco habrá una segunda oportunidad en el corto plazo para los evasores: los que entren en la amnistía actual, tendrán prohibido repetir hasta 2038.
Impuesto a las ganancias (de la renta)
El año pasado, cuando era diputado, Milei votó a favor de la eliminación del impuesto a la renta, conocido en Argentina como ganancias, para unos 800.000 trabajadores con salarios altos. Ahora, como presidente, quiere dar marcha atrás. La Cámara de Diputados aprobó que vuelvan a pagarlo aquellos que cobren más de 1,8 millones de pesos brutos mensuales (unos 1.950 dólares a la cotización oficial), pero el Senado lo rechazó. La Cámara Baja decide.
Impuesto de bienes personales (al patrimonio)
La población más rica de Argentina confía en que salga adelante la versión de la ley aprobada en la Cámara de Diputados, que incluía una reducción del impuesto al patrimonio, conocida como bienes personales. Este beneficio ha sido revocado este jueves por el Senado y sin él llega a la instancia final.
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