El fiscal Omar Rodríguez es posiblemente de los funcionarios judiciales más conocidos por su rol en la fiscalía dedicada a delitos contra el Estado o de corrupción. En el programa Sin Hilo, por Canal 12, repasó la actualidad de una serie de causas que le toca investigar, como así también la implicancia de determinadas reformas legales que avanzan.
La llamada causa Ñoquis Calientes, en la que es investigada la ex ministra y ex diputada Cecilia Torres Otárola entre otras personas, se ha venido dilatando por estrategia de la defensa. Es considerada causa compleja, por lo que tiene un plazo especial de cinco años y no de tres como los delitos comunes.
“La acusación la presentamos en el febrero de 2022”, recordó Rodríguez. Por eso se mostró molesto debido a que “hay un comentario dando vuelta, que son los fiscales que demoran los plazos y que ahora el fiscal no va a tener más plazos. Eso es totalmente falso”.
Incluso, el fiscal enfatizó que incluso en otros delitos de difícil investigación se presentó la acusación en los plazos establecidos. Y recordó que en una causa como El Embrujo “lo presentamos dentro de seis meses y era una cantidad de delitos impresionantes”.
Entonces, “la demora viene después, entre que se presenta la acusación y se lleva adelante el juicio. Y en promedio pasa entre un año a dos años desde la acusación hasta que se hace el juicio. Es decir, de los tres años, en realidad, lo que se consume no es la investigación o los plazos de la fiscalía, sino los plazos de la oficina judicial que no fija el juicio”.
La causa por contrataciones en Educación
Una las resonantes causas que le toca investigar al fiscal Rodriguez es aquella cuya denuncia presentó en entonces gobernador Mariano Arcioni y que surgió a partir de la explosión de una caldera en una escuela de El Maitén. Allí hubo intoxicación de alumnos y docentes y surgió la investigación por las contrataciones que se realizaban desde el área de Educación.
“La causa está en pleno avance y ya con pronóstico de presentar la acusación en unos meses”, confirmó Rodríguez. Repasó que “son nueve los imputados y básicamente lo que surgió de la investigación, lo que está surgiendo es que había un direccionamiento, armaban las presuntas contrataciones siempre direccionadas hacia una persona y hacían aparentar que había ciertos comportamientos de precios o contrataciones en donde había compulsas, competencias y eran falsas”.
Graficó el fiscal: “En realidad, el mismo que hacía el presupuesto oficial cotizaba sobre lo que él había armado” para quedarse con la obra. “En el ámbito donde más se comete corrupción es en las contrataciones públicas. Es el ámbito más fácil para llevar adelante este tipo de hechos”, dijo Rodríguez.
“La particularidad que tenía esta causa también es que el proveedor tenía relaciones con el gobierno. Y trabaja en una empresa del Estado, que es Petrominera. Muchas veces la corrupción viene así, por relaciones. O porque es puntero, o porque trabaja en campaña, o porque es amigo, o porque es conocido”, sostuvo el fiscal.
Denuncia desde el ISSyS
Las autoridades actuales del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) presentaron en su momento una denuncia vinculada a presuntos hechos irregulares durante la anterior administración.
Básicamente la denuncia da cuenta de obras no realizadas en el camping de Seros en Playa Unión, y también apunta a la supuesta entrega de un edificio del ISSyS a un sindicato en Comodoro Rivadavia. “Estoy avanzando en la investigación preliminar y ya he juntado bastantes elementos y ya tengo bien elaborada cuál es la hipótesis, que todavía no la puedo decir, porque justamente estoy en plena investigación y todavía no he hecho ningún acto de imputación formal”, dijo Rodríguez en Sin Hilo.
Se limitó a señalar que “puede haber una imputación formal contra anteriores autoridades del Instituto”.
El caso Quiroga en ATE
Recientemente se inició una investigación por el manejo de fondos de una cuenta de ATE por parte de su secretario general, Guillermo Quiroga, que también involucraría a su ex esposa y es ministra durante la anterior administración, Mirta Simone.
La denuncia “se la presentan a la fiscal Florencia Gómez en Rawson. Florencia la remite en función de las calificaciones, es decir, estaba calificada como malversación, enriquecimiento ilícito. Yo empiezo a investigar en función de que Quiroga es un empleado público”, relató Rodríguez.
La acusación podría ser de administración infiel, en este caso de un secretario general de un gremio manejando fondos que son de los afiliados. “Nosotros hicimos una pericia y detectamos que él tenía en la administración el manejo de cuentas de ATE, que es ATE Nación, en las sucursales del Banco de Chubut y en las sucursales del Banco de Nación. Esos fondos salían de ahí y se iban a las cuentas personales de él, como de su pareja en ese momento, Mirta Simone”.
“Nosotros tenemos, en primer lugar, la trazabilidad de que sacó plata de un patrimonio que no era de él y se lo llevó a un patrimonio que es suyo, que son las cuentas del banco, en varias cuentas. Lo mismo con Simone”, indicó el fiscal. Pero además, se siguió el destino de esa plata y en qué se gastó porque “están registradas las transferencias y no eran para el sindicato”.