A finales del año pasado el fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales que cobran $7.5 mil millones anuales.
En Córdoba la investigación es llevada a cabo por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien en diálogo con Cadena 3 explicó que algunos casos fueron archivados porque la normativa permitía el cobro simultáneo de un plan social y un salario, especialmente en situaciones donde el empleo tenía una remuneración inferior al salario mínimo. «En esos casos archivamos la investigación porque está dentro de la reglamentación», afirmó.
En cuanto a las imputaciones, el fiscal detalló que ya se han formulado cargos en cinco causas. «Es una defraudación contra la administración pública que se le reprocha al que siguió cobrando el plan y no dijo nada después de haber conseguido un trabajo en blanco», indicó.
El fiscal también destacó la falta de comunicación entre las administraciones nacional y provincial como un factor que contribuyó a la situación. Por caso una parte de la administración dependía de la provincia el empleo y el Plan Potenciar Trabajo dependía de la nación.
«Ambas administraciones no tuvieron la conectividad o la comunicación suficiente en sus sistemas para detectar rápidamente que una persona no podía estar cobrando al mismo tiempo un plan y al mismo tiempo el sueldo de la administración pública», explicó. Y deslizó de acuerdo a las pruebas “no es que hayan estado complotados o confabulados los funcionarios que pagaban los planes», sino más bien a una situación de ineficacia, descontrol e incapacidad.
Respecto a las posibles consecuencias para quienes cobraron indebidamente, el fiscal señaló que deberían devolver lo que cobraron demás. «Igual no estamos hablando nunca de plazos de 5 años, son meses, lo que se cobró de más. Pero sí, tiene que devolverlo porque es un enriquecimiento sin causa o indebido, con una fuente ilícita”, planteó.
En ese sentido, indicó que ya ha habido algunos imputados en estas causas que tras ser indagados se ofrecieron a devolver lo que cobraron indebidamente. «En la ley penal actualmente eso puede ser una causa para cerrar la reparación integral del daño”, adelantó pero aclaró que solamente bajo ciertas circunstancias.
“Si hay alguien que cobró de más tres o cuatro meses un plan que no le correspondía, no tiene antecedentes penales y devuelve lo que cobró de más, es muy probable que esa causa penal se cierre porque en la ley está previsto que para esos casos menores la reparación integral del daño puede extinguir la acción”, precisó.