El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, la cual tienen como objetivo “derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales”. Se trata de una iniciativa que busca eliminar 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, principalmente.
De acuerdo a fuentes oficiales, la Ley Hojarasca promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.
“Con la Ley Hojarasca, el Gobierno busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones. La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado”, aseguraron desde el El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Entre sus fundamentos, el proyecto señala: “Este sistema enfrenta hoy un permanente cuestionamiento, desafía a quienes han asumido las responsabilidades políticas y los compele en la tarea de relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos”.
”Como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”, sostiene.Además, critica que “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.
”Obviamente, esto llevó a abusos y arbitrariedades. En consecuencia, esta sobrerregulación ha llevado a una situación en la que pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado”, explica.
En lo estrictamente jurídico, el texto precisa que se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido. Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que “…ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, desprendiéndose de los artículos 28 y 33 que para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido.
Por este motivo, expresa el proyecto, que “debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control. En este traspasamiento de criterios tampoco faltaron normas dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”.Asimismo, se resalta que muchas de las normas que se proponen derogar provienen de una “concepción militar”, que encuentra en “la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma”.
Sucede que en su mayoría fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu. Pero también hay normativas creadas durante gestiones democráticas como la de Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.