Desde hace muchos años la Provincia se ha visto envuelta en una serie de escándalos que vinculan delitos gravísimos, muchos de ellos en contra de la integridad física y sexual de mujeres, niños y niñas, y que ponen de manifiesto los altos niveles de corrupción política institucional.
La opacidad del funcionamiento de las autoridades que tienen a cargo la investigación de esos crímenes, la ineficacia y las complicidades, solo han llevado a la impunidad y por ese camino, a la continuidad y repetición sin castigo, haciéndose cada vez más graves los niveles de vulnerabilidad de la población que se encuentra sin mecanismos de defensa.
La escandalosa actuación del entonces Fiscal de la Ciudad de Puerto Madryn Daniel Báez en la causa conocida como Pirámides y que ha tenido como víctima a un menor de edad, condujo a la presentación de un pedido de Juicio Político contra el mencionado y con relación al último cargo que ocupara como Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Sin embargo –y a tiempo para evitar el proceso de enjuiciamiento cuya apertura ya había sido recomendada por la Sala de Acusación y por la Legislatura de la Provincia-, el Juez Báez presentó la renuncia a su cargo que fue aceptada por el Sr. Gobernador, frustrando el respectivo juicio para llegar a la verdad y a la sanción de la conducta ilegal.
La referida causa, -iniciada y promovida por el padre del menor en su condición de querellante-, terminó con la condena de la madre y el padrastro del menor por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con otros delitos, encontrándose las personas actualmente detenidas.
Sin embargo, no fueron tenidas en cuenta las contundentes pruebas sobre las complicidades de otras personas que también cometieron delitos de tremenda gravedad contra el mismo menor con la aquiescencia de su progenitora. Sin duda, el testimonio que involucraba a personas conocidas públicamente, llevó a Báez a frenar esa investigación, y a intentar torcer el rumbo de la misma.
La conclusión es que muchos que participaron en la comisión de esos graves crímenes relacionados con la pedofilia, quedaron impunes por la misma acción de miembros delPoder Judicial que actuaron de manera decisiva para impedir el avance.
No se trata simplemente de observar la dimensión del hecho por la falta de persecución y condena, sino porque esas personas a las que se puede calificar como altamente sospechosas, se encuentran en libertad y en condiciones de repetir conductas contra cualquier otro menor.
Así es el grado de indefensión que padecen muchos padres en esta provincia y el riesgo de muchos niños a merced de esos criminales.
A esta grave situación y al estado de indefensión de los menores se agregan otros comportamientos de funcionarios judiciales que incumplen con sus deberes y llegan a forzar la revinculación de niños con personas que podrían estar involucradas en aquellos hechos.
Tal situación particular es la que sufre una familia que no ha encontrado una debida recepción por parte de la magistrada actuante quien, además, ha cambiado a las profesionales que atendían a la menor para no aceptar sus recomendaciones en el sentido de escuchar la negativa para participar de encuentros que se terminan forzando con un progenitor sobre quien recaen sospechas de participación en episodios violentos como los descriptos.
Solicitamos una mirada atenta y responsable de todas las autoridades provinciales y nacionales, de todos los poderes del Estado y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para recuperar la vigencia de los derechos y la tutela necesaria sobre los menores hoy en riesgo en la Provincia de Chubut.
Firma: Martha Pelloni. DNI 4.091.820
