Gobierno fondos para 2025. Ante la falta de ley de Presupuesto para 2025, que la oposición reclama tratar en el Congreso pero el gobierno de Javier Milei no envío a sesiones extraordinarias, el Ejecutivo definió la asignación de recursos y gastos públicos para este año. Así lo determinó Decisión Administrativa 3, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Esto ocurre en el marco de la prórroga de la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, tras no haberse logrado consenso en el Congreso para aprobar una nueva ley para este año. Es el segundo período consecutivo en que el presupuesto se establece mediante una extensión legislativa.
Detalles de la Decisión Administrativa
- Vigencia del presupuesto 2023: Se utiliza como base la Ley N° 27.701, con ajustes según el Decreto N° 1131/24.
- Control trimestral: Se deberá reportar a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de las plantas de personal y contrataciones.
- Gestión de vacantes: Se dispone un mecanismo para certificar las vacantes y financiar su cobertura.
- Montos indicativos: Algunas partidas del gasto podrán ser modificadas según necesidades, incluyendo bienes de consumo, servicios, transferencias y pagos de deuda.
Críticas y riesgos de operar sin una nueva ley
El uso de un presupuesto prorrogado genera cuestionamientos en sectores de la oposición, que advierten sobre la falta de transparencia y discusión parlamentaria. Además, especialistas subrayan el impacto de operar con una base de recursos y gastos diseñada para un contexto económico diferente.
El artículo 7° de la normativa permite ajustes flexibles en ciertas partidas, lo que podría responder a un intento del Gobierno de adaptarse a las demandas económicas, pero también abre el debate sobre el uso discrecional de los fondos.
Facultades de modificación presupuestaria
El decreto establece que ciertas decisiones sobre el presupuesto no podrán modificar el destino de los recursos originalmente previstos para:
- Finalidades principales.
- Gastos de capital.
- Aplicaciones financieras.
De esta manera, se busca garantizar cierta estabilidad en áreas sensibles, como infraestructura o servicios básicos. Según informó Ámbito.
