En una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial, se estableció, en cuarto artículos, “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. Además, se dispuso dar intervención a la Cancillería para que presente conformidad con la normativa vigente, debido a que los datos e información será compartida por la Argentina a otros gobiernos.
En ese registro figuran organizaciones de terrorismo islámico, como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda o el Taliban, la Jihad Islámica o ISIS, pero también los nombres de todos los acusados por el atentado a la AMIA que tienen pedido de captura internacional.
Es que el RePET, que están en jurisdicción del Ministerio de Justicia, tiene como objetivo facilitar el acceso y el intercambio de información sobre personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento, promoviendo la cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial se detalla que, desde hace más de una década, la RAM llevó a cabo una serie de acciones violentas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur de Argentina. Entre los hechos más destacados se encuentran incendios intencionales que han devastado bosques milenarios, ataques a viviendas, establecimientos y vehículos, así como agresiones directas contra personas.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, estos actos han sido reivindicados públicamente por líderes de la organización, como Jones Huala, quien recientemente admitió el uso del incendio como herramienta de presión.
En la resolución también se señala que la RAM opera en coordinación con otras agrupaciones que, aunque utilizan nombres distintos, comparten los mismos objetivos y responden a una estructura común. Estas acciones, según el informe, tienen como propósito “sembrar el terror y presionar a las autoridades”, cumplen con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas.
La decisión de inscribir a la RAM en el RePET se enmarcó, según se desprende de la resolución, en compromisos asumidos por Argentina en diversos tratados internacionales. Entre ellos, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que instan a los Estados a establecer regímenes jurídicos y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento. Asimismo, el país ha adoptado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
En los fundamentos se destacó que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas -y que habilitó los desalojos- “ha contribuido al aumento de los conflictos en la región”. Esta ley, que durante 18 años impidió los desalojos de tierras usurpadas, dejó un vacío legal que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades.
Para el Gobierno, desde entonces los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado significativamente, y en varios casos se ha comprobado que fueron provocados de manera intencional.
El Ministerio de Seguridad subrayó que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas urgentes y contundentes. En este contexto, la inscripción de la RAM en el RePET busca cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sustentar sus actividades. Además, se destaca la importancia de la colaboración y el intercambio de información entre los distintos actores del Estado y con organismos internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
La resolución también resalta la necesidad de optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Según el Ministerio, la complejidad y el alcance de las conductas criminales vinculadas a estas organizaciones demandan un esfuerzo coordinado a nivel nacional.
“Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”, estableció la resolución. Y concluyó: “La colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
