Crisis pesquera en Argentina. A las 20, Antonio Solimeno sigue en su oficina en Mar del Plata. Llegó a las 6.30 de la mañana y, a los 78 años, sigue trabajando. Como casi todas sus jornadas laborales, ya van casi 14 horas, pero, de todas maneras, el negocio no le cierra. Abiertamente manifiesta que el sector de la pesca está “muy, muy mal” y que “los números no le dan a nadie”.
El presidente de Solimeno, una empresa que cuenta con 13 barcos y dos plantas frigoríficas, que emplea un total de 850 personas y es una de las más importantes del país, asegura que empezó totalmente de abajo y que empezó a crecer después de haber encargado (junto con su padre) su primer barco a un astillero marplatense en 1972. Descendiente de una familia pesquera de raíces italianas, cuenta que el primer problema por el que atraviesan ahora es la caída entre un 20% y un 30% de los precios internacionales, sobre todo del langostino y del filet de merluza, dos de los principales productos de la Argentina en este sector.
“El otro problema es interno. En 2024, la inflación fue del 118%, pero el dólar quedó casi anclado en un 27%. Pagamos costos en pesos que se ajustan por inflación, pero percibimos dólares oficiales que valen poco”, explica el empresario. Añade que hay una altísima presión tributaria, y solo como ejemplo dice que paga por los 850 trabajadores en relación de dependencia US$800.000 por mes al fisco, solo por cargas sociales. “El Estado no para con los impuestos y las tarifas. Tenemos Ingresos Brutos, la tasa de seguridad e higiene y otros tantos. Aumentan el combustible y la energía. Sin embargo, ¿qué nos ofrecen?“, se pregunta. ”Hace 67 años que trabajo en el puerto en Mar del Plata y durante todo este tiempo casi no he visto obras. Tenemos problemas de dragado también. Es tremendo lo que nos pasa. Veo un panorama desalentador para 2025 en las condiciones actuales y los precios continúan aumentando”, dice.
Más allá de la voz del empresario, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) realizó un informe sobre el panorama actual que le pone más números a la problemática y muestra una “gravísima situación”. Según el estudio, los altos costos tributarios, el derecho de exportación, así como los incrementos en los costos logísticos, salariales y previsionales están llevando a la quiebra a un sector que emplea a más de 40.000 trabajadores.
“El atraso cambiario encarece en pesos, insumos como combustibles, repuestos y salarios, achicando márgenes y explica gran parte de las pérdidas actuales” analiza la fundación. A modo de ejemplo, indica que “un barco que en 2018 tenía un 20% de rentabilidad, en 2024 operó con un 21% de pérdida por viaje debido a esta combinación de menores precios y costos disparados”.
Fulasp observa que entre junio y noviembre de 2024, los costos de operar un buque fresquero subieron tanto (indexados por inflación y ajustes) que las pérdidas semanales pasaron de $5 millones a más de $20 millones. “Esta escalada de costos fijos y variables asfixia a las empresas, que no pueden trasladarla a los precios de venta. A su vez, los valores de exportación de las principales especies (merluza, calamar, langostino) también descendieron, reduciendo la rentabilidad”, detalla.
Para Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, juega en contra el hecho de que “la macroeconomía en la Argentina es pendular. Nos cambian las reglas de juego 180 grados. Durante 10 años fuimos ajustando salarios y costos por inflación y los recuperábamos por la devaluación del tipo de cambio. Ahora, cuando cambiás los dólares de la venta externa al tipo de cambio oficial, no te alcanza para pagar tu costo en pesos. Tenemos el recurso, tenemos compradores, pero hay una crisis profunda de precio y estructura de costos”, añade.
Solo 10 especies representan el 93% del total de las capturas locales. Según Cereseto, de ellas, 9 están en crisis y 8 en terapia intensiva por el precio, no por el recurso en sí. “La única que no está en crisis es el calamar”, define.
Los números que refleja el Indec sobre el sector pesquero muestran que en 2024 hubo envíos al exterior por US$2007 millones, con un crecimiento del 2,5% interanual, aunque en enero de 2025, el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de 3,3% respecto a igual mes de 2024.
La salida económica, según el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, es “sentarnos alrededor de una mesa y todos hacer un sacrificio para salir adelante. Por ejemplo, cobrar derechos de exportación a una actividad que no deja plata no tiene lógica”, dice. Hace referencia a que, al igual que otros sectores, hay que suspender las retenciones por lo menos hasta que se ordene la macro. “Es cierto que las retenciones llegan a un 9%, escalonado ya que hay un premio para el valor agregado, pero la Argentina es tan cara que el valor agregado se realiza en otros países mayormente, como Perú o Tailandia”, afirma.
Una postal que puede desaparecer
Están los barcos congeladores, que procesan a bordo y dejan el producto congelado, envasado y listo para la venta, y los barcos fresqueros, que lo llevan a plantas en tierra para su procesamiento. La consultora económica Invecq también trazó un panorama económico complejo para el sector, en especial para los barcos fresqueros y plantas elaboradoras en tierra que “están operando en situación de quebranto”, advierte.
Toma como ejemplo un barco con una producción por marea de 3000 cajones de merluza en la ciudad de Mar del Plata. En noviembre de 2024 generó ingresos por $73,5 millones y afrontó costos por $89,2 millones. Tuvo una pérdida de $15 millones, publicó LN. En el segundo semestre de 2018 hubiera tenido un resultado positivo del 20%.
Sebastián Agliano es el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera de Mar del Plata y representa a 47 embarcaciones amarillas de las que se ven en el puerto y que tanto fascinan a los turistas. “Por cada empleado embarcado hay siete que trabajan en tierra. Esta cadena de producción (más artesanal) es un 25% menos rentable que cualquier otra. Lo peor de lo que está sucediendo es para Mar del Plata y para los buques fresqueros. Además, hay que tener en cuenta que nuestro principal comprador es Brasil, cuya devaluación nos impactó directamente. Nos estamos fundiendo”, reclama.
Recuerda que “la pesca aporta a la seguridad alimentaria y a la salud de los ciudadanos”, aunque, según datos oficiales, el consumo local de productos pesqueros es bajo en la Argentina: solo 4,8 kilos por habitante por año, muy lejos del promedio mundial, que supera los 20 kilos.
“Nos encontramos ante la necesidad acuciante de acciones por parte de la Administración para evitar que el sector pesquero que representamos se vea inmerso en una crisis terminal. Los principales destinatarios del paquete de medidas deberían ser los segmentos de esta flota fresquera, en su mayoría pymes o empresas familiares conformadas por personas físicas. Solicitamos que se declare la emergencia pesquera para este sector y, entre otras medidas de alivio, la suspensión del Derecho Único de Extracción durante los próximos 12 meses”, pide.
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), marca también que en los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$2300 millones solamente en concepto de Derechos de Extracción (DEX), un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo.
El langostino, también en crisis
El langostino congelado procesado a bordo en buques congeladores en estuches de dos kilos directo para la exportación genera unos US$600 millones por año, un cuarto de las divisas que ingresan por parte del sector pesquero.
Sin embargo, este producto emblemático de la Argentina en los mercados internacionales está en crisis. Eduardo Boeiro, presidente Capeca, explica que (además de lo ya expresado por otros referentes del sector), “tenemos un alto costo laboral arriba de los barcos. Hoy la tripulación se lleva casi un 60% de lo que el barco trae, entre salarios, cargas sociales, etc. A su vez, esa producción tiene una retención del 6% y en 2024 el Gobierno incrementó el Derecho Único de Extracción. Más el combustible y otros ítems, la producción tiene una rentabilidad negativa”, dice.
Asegura que “en estas circunstancias, si no se llega a algún acuerdo con las tripulaciones, los gremios y el Gobierno (por retenciones y otros impuestos), va a ser muy difícil que la flota pueda salir a trabajar a partir del mes que viene, cuando empiece la temporada del langostino».
Una maraña
El sector está atravesado por “una maraña de regulaciones innecesarias”, según Invecq. Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el último eslabón “se exigen 133 trámites”. Y estas cifras no incluyen los pasos administrativos de orden comercial o productivo.
Además, agrega Invecq que tiene dotaciones mínimas exigidas muy por encima de lo necesario. Los requisitos de personal, a través de los convenios, no se ajustan a los avances tecnológicos. Entre otras medidas se paga la misma cuota de ART para el personal embarcado que para el de tierra.
Otro ejemplo de regulaciones insostenibles es que “si un barco sale con 12 tripulantes -entre maquinistas y marineros- pero por imposición de los CCT (Convenios Colectivos de Trabajo) está establecido que deberá navegar con 16, entonces está obligado a pagar el equivalente a 16 (y el remanente se divide entre los embarcados)”, registra la consultora.
Se trata de una muestra de las dificultades por las que pasa un sector con enorme potencial tanto para el consumo interno como para la exportación, siempre y cuando gane competitividad.
