La jueza Eve Ponce abrió la investigación contra 7 personas que están detenidas en centros carcelarios del Valle Inferior, además de 12 familiares y allegados. Se trata de una presunta asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar personas de todo el país mediante la modalidad de “sextorsión”. El epicentro del ilícito fue el Instituto Penitenciario Provincial, en ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn.
En total hay 11 víctimas. Una tiene domicilio en Comodoro Rivadavia: fue extorsionada durante 14 meses por 5.832.000 pesos. Según el fiscal general Fernando Rivarola en la investigación “podrían surgir más víctimas”.
La investigación fue considerada “compleja” por la gran cantidad de datos e información que hay que cotejar durante el proceso ahora abierto. En la audiencia y vía Zoom desde los lugares donde se encuentran detenidos, Julián Acosta, Luis Ojeda, Gustavo Méndez, Alejandro Romero, Orlando Hadzaman, Luis Almonacid y Enzo Romero se interiorizaron de los hechos por los cuales comenzaron a ser investigados, señala Jornada.
Por el delito de “sextorsión” hubo nueve víctimas, entre ellas un adolescente de Rawson que en el caso fue representado por su madre.
Algunos de los imputados habrían participado en dos estafas con la venta de una casilla rodante y una bicicleta.
El ardid consistía en la creación de falsos perfiles a través de Facebook o WhatsApp, en general de jovencitas que seducían a las víctimas denunciantes -todos hombres- mediante el envío de fotografías sugerentes. Los hechos se produjeron en fecha anterior al 23 de octubre de 2023.
Para la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, Ojeda, Romero Curiqueo y Enzo Romero, serían los jefes de la banda.
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El objetivo del proceso de seducción era lograr fotos o filmaciones de las víctimas con contenido sexual. Una vez logrado el cometido, el engaño era que la “jovencita” había sido “descubierta” por sus padres, había discutido y como consecuencia una caída de una escalera que le produjo serias lesiones. A partir de allí se iniciaba la extorsión mediante el pedido de ayuda económica por gastos de salud.
Luego pedían mucho dinero a cambio de no “escrachar” o publicar por las redes sociales las fotos íntimas que habían enviado las propias víctimas. En una segunda etapa, los presionaban con un supuesto inicio de causas penales en su contra. Usaron documentación falsa de operadores judiciales de la zona (notificaciones con membretes de las fiscalías, sellos y firmas de fiscales, jueces y empleados administrativos de la Justicia Penal de la zona y de Comodoro Rivadavia).
También mediante mensajes de audio o llamadas en las que, también haciéndose pasar por esos mismos operadores judiciales, tenían el mismo objetivo de obtener transferencias de importantes sumas de dinero.
Si bien las maniobras se iniciaban y coordinaban desde los centros de detención, para la obtención del dinero se creaban cuentas bancarias o billeteras virtuales. Es en esta etapa donde familiares o allegados de los detenidos participaban de los ilícitos.
Los damnificados son de Comodoro, Rawson, Bahía Blanca, dos de Formosa, de Colonia Tirolesa en Córdoba, de Esquel, Conesa en Río Negro y la ciudad de Córdoba.
También se investigan dos estafas con la venta de una casilla rodante valuada en 2.700 dólares y una bicicleta. Ojeda abría encabezado esta maniobra: engañaron a un vecino de Córdoba al que le hicieron depositar 240.000 pesos como seña para la venta, gastos de gestoría y traslado de la unidad. Trece personas sospecharon de la maniobra.
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“Ninguna de estas personas accedió a realizar transferencias del dinero por seña al requerir previamente ver la casilla en forma personal o por persona allegada, por desconfiar de los datos aportados por los autores, o por haber sido advertidos de la maniobra por este Ministerio Público Fiscal”, expresó el fiscal general Rivarola.
Respecto de la bicicleta, una potencial víctima fue advertida por los investigadores de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen. Para el ilícito, el imputado usó fotos de la bicicleta en venta, además de documentación falsa de la empresa OCA.
Rivarola argumentó “la cantidad de dispositivos secuestrados que deberán ser peritados, conforme la disponibilidad del único laboratorio idóneo en la provincia y el tiempo que demandará la extracción de los datos como el análisis”.
También “el volumen de los datos a analizar de empresas telefónicas, redes sociales, sistema financiero nacional y resultado de actividad pericial, de lo que puede inferirse surgirán importante cantidad de hechos similares, que determinarán la necesidad de contactar víctimas, preservar evidencia digital, ampliar pedidos, ampliar imputaciones estableciendo la identidad y modo de accionar de otros partícipes”.
El inicio de la investigación fue una denuncia de la madre del adolescente de Rawson.
Según el parte de prensa de Fiscalía, algunos del resto de los imputados son Gina Nazarena Romero Curiqueo, Gino Fernando Romero Blanco, Jésica Beatriz Martínez, María Selene Ponce, Dana Verona Cárdenas, Daniela Micaela Romero, Lucía Berazain, Micaela Vanesa Velázquez, Jaramillo Victoria, Marina Romero, María Celeste Escudero y Brisa Abril Torres.