Juicio por YPF. La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la solicitud presentada por la organización Republican Action for Argentina (RAFA) para revisar el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. La ONG había pedido que se investigue el proceso desde la nacionalización de la empresa, en 2012.
RAFA presentó una Moción de la Regla 60, un recurso procesal que permite solicitar la revisión de una sentencia cuando surgen nuevas pruebas o circunstancias. El pedido argumentaba que el proceso de nacionalización debía ser analizado desde 2008, cuando el Grupo Petersen adquirió el 25 % de las acciones de YPF.
En respuesta, Burford Capital, principal beneficiario del fallo de Preska, sostuvo que no había fundamentos para reabrir el caso y que la solicitud se realizó fuera de los plazos establecidos. El Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, apoyó el pedido de RAFA, señalando que una nueva investigación podría aportar elementos adicionales sobre la operación.
Preska rechazó la solicitud y ratificó la validez del fallo que obliga a Argentina a pagar USD 16.000 millones a los fondos demandantes. La magistrada consideró que la revisión del caso no era pertinente y que los argumentos expuestos ya habían sido evaluados en instancias previas.
Especialistas en litigios internacionales señalaron que la resolución era previsible, dado que la jurisprudencia estadounidense establece criterios estrictos para la reconsideración de fallos en disputas comerciales. En este sentido, el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, indicó que la posibilidad de éxito de una apelación es baja y que la estrategia del Estado argentino podría centrarse en mitigar el impacto del fallo a través de negociaciones.
El Gobierno argentino aún tiene la opción de apelar el fallo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, aunque no se esperan novedades en el corto plazo. En paralelo, continúan otros procedimientos en el tribunal de Preska, entre ellos, la solicitud de Burford Capital para obtener el control de las acciones estatales en YPF y la determinación de si el Estado argentino y la petrolera pueden ser considerados como una misma entidad legal.
El monto de la indemnización sigue acumulando intereses, lo que incrementa la deuda total. Desde la sentencia inicial en 2023, el pasivo estimado ha aumentado en USD 1.000 millones. Frente a este escenario, el resultado de las negociaciones o eventuales resoluciones judiciales determinarán el impacto final del litigio para Argentina.
En su discurso de apertura de sesiones, Javier Milei aseguró que las empresas estatales serán privatizadas, incluso las superavitarias, lo que podría dar una pista sobre el destino de YPF y como podría el Estado argentino afrontar esta deuda con los fondos que están interesados en quedarse con los activos de la empresa nacional.