Delincuencia organizada. Las amenazas del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles al Ejecutivo mexicano, si no hacía más para controlar los flujos ilícitos de fentanilo hacia su territorio, han puesto nueva atención sobre el creciente problema del crimen organizado transnacional que ha generado violencia y corrupción en todos los niveles en México.
Este trabajo, basado en la investigación del autor a través de entrevistas con altos funcionarios de seguridad mexicanos en Ciudad de México en marzo de 2025, examina la evolución del crimen organizado transnacional en el país y la respuesta del Gobierno mexicano, con el apoyo de Estados Unidos y otros socios.
Los principales factores que impulsan las dinámicas del crimen organizado transnacional en México son los flujos de cocaína a través del país, destinados en gran medida a mercados europeos y asiáticos, así como la producción de fentanilo a partir de precursores provenientes de China y otros países, principalmente orientada hacia la exportación a Estados Unidos.
Además, otras actividades ilícitas, como el robo de combustibles (huachicol), el contrabando y la explotación de migrantes que transitan por el país, la extorsión y el secuestro, la minería ilegal y el lavado de dinero, también han alimentado la evolución de la economía ilícita de México.
En lo que respecta a los asesinatos y otras formas de violencia en México, las armas -incluidas armas largas importadas desde Estados Unidos, armas adquiridas en el mercado negro provenientes de guerras en Centroamérica y otras partes del mundo-, drones y otros productos militares principalmente de la República Popular China (RPCh), así como una gran y bien desarrollada industria doméstica ilícita para vehículos y suministros militares, contribuyen a la letalidad de los múltiples conflictos en curso dentro del país.
Las dinámicas del crimen organizado en México, los grupos nacionales e internacionales involucrados, y los patrones de violencia han evolucionado significativamente en casi dos décadas desde 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga debido a la escalada de violencia y desplegó tropas federales en Michoacán como respuesta.
Este trabajo analiza esas dinámicas, su evolución y la respuesta del Ejecutivo mexicano, en coordinación con Estados Unidos y otros socios.
Las dinámicas ilícitas contemporáneas en México han evolucionado significativamente durante el último siglo desde las guerras mundiales, cuando estados mexicanos como Sinaloa producían heroína, primero de manera legal en respuesta a la demanda en tiempos de guerra del mercado estadounidense y, más tarde, de forma ilegal y a mayor escala.
Durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, se sumaron las necesidades de la economía estadounidense de mano de obra, incluido el programa Braceros, que llevó trabajadores agrícolas migrantes estacionales de México a Estados Unidos entre 1942 y 1964. Aunque el papel subyacente de la demanda estadounidense como motor era el mismo, los flujos de migrantes y sustancias ilícitas estaban limitados.
En lo que se refiere a las drogas, en la década de 1970, en respuesta a la demanda cambiante del mercado estadounidense, los envíos ilícitos de México a Estados Unidos evolucionaron de heroína a marihuana y luego a cocaína. La represión en la década de 1980 de las rutas marítimas de contrabando de cocaína a través del Caribe llevó a una mayor dependencia de las rutas terrestres a través de Centroamérica y México.
En la década de 1990, el desmantelamiento de los poderosos cárteles de Medellín y Cali en Colombia, que previamente habían organizado y dominado gran parte del comercio internacional de cocaína, abrió espacio para que los intermediarios mexicanos se convirtieran en actores más poderosos respecto a esos flujos en la región, todavía predominantemente orientados hacia el mercado estadounidense.
Durante este período, los principales cárteles de México evolucionaron y aumentaron su poder, inicialmente estructurados en torno a agrupaciones familiares, como el “Cártel del Golfo”, de Juan García Ábrego, y el “Cártel de Guadalajara”, con base en Sinaloa, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo.
Posteriormente, estas organizaciones se dividieron en grupos dirigidos por el clan Arellano Félix (Tijuana), el clan Carrillo Fuentes (Juárez) y una organización con base en Sinaloa liderada por Joaquín (“El Chapo”) Guzmán Loera.
A principios de la década de 2000, las rivalidades entre grupos provocaron una escalada de conflictos.
Esto incluyó un intento del Cártel de Sinaloa de expandirse hacia el territorio del Cártel del Golfo a lo que, en respuesta, Osiel Cárdenas Guillén, líder de este último, creó un brazo armado reclutando a exmilitares mexicanos, conocidos como los Zetas.
El éxito de esta militarización en la lucha por el territorio fue rápidamente imitado por el Cártel de Sinaloa y, posteriormente, por otros grupos, lo que provocó una expansión dramática del nivel de violencia.
En 2006, el Gobierno del entonces nuevo presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército en Michoacán y, posteriormente, en el resto del país. Además, el objetivo de las fuerzas del Ejecutivo mexicano de desarticular el liderazgo de los cárteles fragmentó estas estructuras y las forzó a diversificarse.
Para la década de 2010, los dos a cuatro cárteles principales que dominaban originalmente en México se habían desintegrado en cientos de grupos criminales, incluidos fragmentos de las organizaciones familiares originales, cuyo liderazgo había sido eliminado tanto por el Gobierno como por otros cárteles.
También surgieron ramas armadas de estas organizaciones, que a veces eran tan pequeñas como pandillas locales afiliadas, además de grupos de autodefensas creados inicialmente para resistir la invasión de sus territorios por parte de grupos criminales, pero que terminaron convirtiéndose en empresas criminales corruptas.
A esto se sumaron diversas entidades locales con vínculos criminales.
Un factor adicional que moldeó la evolución de las dinámicas criminales en México fue la formación de brazos armados para proteger a los cárteles o incursionar en el territorio de otros. Estas entidades comenzaron a diversificarse en actividades como la extorsión, el secuestro, el robo y otras actividades delictivas para financiarse.
Además de estas dinámicas, el creciente flujo de migrantes, inicialmente provenientes de Centroamérica y que cruzaban por México, y más tarde de países como Venezuela, Cuba, Haití y Ecuador, entre otros, generó ingresos para los traficantes de personas y varias industrias de trata de personas.
Los ingresos de estas actividades llegaron a niveles que rivalizaban e incluso superaban, en ocasiones, a los generados por la producción y el tráfico de drogas.
La diversificación de las actividades criminales en México se expandió también hacia el robo de combustible (huachicol), particularmente alrededor de grandes refinerías, como la de Guanajuato, así como hacia el robo en ductos que transportan tanto petróleo crudo como productos refinados hacia Estados Unidos, incluyendo los situados en el estado de Tamaulipas y en otras partes del país.
En la década de 2000, la naturaleza de la industria de drogas ilícitas en México comenzó a cambiar con la aparición de la producción y el tráfico de drogas sintéticas.
Esta industria se enfocó inicialmente en la producción de metanfetaminas, producidas en laboratorios de México a partir de precursores químicos provenientes de China.
Sin embargo, durante la década de 2010, aumentó considerablemente la producción de fentanilo, principalmente destinado al mercado estadounidense.
Esta dinámica se intensificó debido a la crisis de opioides en el gigante norteamericano, que inicialmente provocó un aumento en la producción de heroína como sustituto del analgésico oxicodona, así como también de fentanilo, con efectos similares a los opioides.
En la competencia fragmentada y violenta entre grupos criminales en México durante la década de 2020, dos organizaciones llegaron a dominar: el Cártel de Sinaloa, con una estructura criminal principalmente basada en franquicias, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más centralizado y violento.
Ambos grupos libraron “guerras por encargo”, apoyando a rivales locales del otro en distintas partes de México, en las luchas por el control de las rutas de drogas y otras fuentes de ingresos ilícitos.
Tras la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder desde hace tiempo del Cártel de Sinaloa, al sistema judicial de Estados Unidos, el control del cártel, aunque seguía siendo funcional, quedó dividido entre uno de sus líderes originales, “El Mayo” Zambada, y los hijos de “El Chapo”, conocidos como “La Chapiza”.
En el transcurso de estas luchas por las “plazas” (puntos clave de las rutas del narcotráfico) en México, el Cártel de Sinaloa llegó a dominar gran parte del territorio en el noroeste del país, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Esta posición consolidó su enfoque en el mercado estadounidense y en el suministro de fentanilo, la droga más demandada por dicho mercado, producida en laboratorios ubicados en el estado de Sinaloa bajo el control del grupo.
Por otro lado, el CJNG, que llegó a dominar la costa central del Pacífico de México y que realizó algunas incursiones en la costa atlántica central del país, se enfocó más en el mercado europeo, al cual podía acceder desde los puertos de la costa del Pacífico.
En consecuencia, también tendió a centrarse más en la cocaína, que podía importar desde la región andina, incluyendo Colombia, Perú y Ecuador, y que alcanzaba en Europa un precio en las calles de casi el doble de lo que se pagaba por la droga en los Estados Unidos.
El CJNG también se enfocó en drogas sintéticas no basadas en fentanilo, las cuales eran más populares en el mercado europeo que el fentanilo.
Bajo el nuevo gobierno de Sheinbaum, México, en coordinación con Estados Unidos, está tomando medidas para abordar los graves problemas de crimen transnacional y corrupción que enfrenta.
Sin embargo, la compleja y profundamente arraigada naturaleza de estos problemas continuará dificultando su resolución. Según publica Infobae.
La capacidad de México para abordar con éxito sus desafíos en materia de seguridad seguirá siendo de vital importancia, tanto para su propio futuro como para el de su vecino, Estados Unidos.