Aseguran que una de las principales causas es el desconocimiento por parte de los empleadores de los trámites de inscripción.
Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que «parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes», que toman esta actividad como su primer trabajo en nuestro país.»(Las trabajadoras migrantes) toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento. En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta», aseguró.
Para García, «no hay una maldad intencional en el empleador» cuando no procede al registro porque, de hecho, otra fase de los estudios que pudieron hacer es que, dentro de los empleadores, hay una mayor población de clase media, media – alta y alta y destacó que «los que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas» porque tienen el «incentivo» de que se produzca «un descuento en el impuesto de ganancias», sin embargo, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y «necesitan que le cuiden al nene», no llegan a eso.
«Una vez que determinamos que la relación no ha sido registrada o lo ha sido en modo deficiente, nos queda dar intervención con nuestra sentencia al ARCA para que ellos tomen la intervención de su competencia. Sabemos que esos aportes, que eventualmente se recauden en el juicio anterior, no van a ir a parar al trabajador. Directamente, va a ser un juicio contra el que fue su empleador, pero para el Estado. Así que tampoco va a obtener beneficio el trabajador por esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también», concluyó.
Según datos del FORLAC 2.0 (la estrategia de formalización de la OIT en América Latina y el Caribe en el periodo 2024-2030), la tasa promedio de informalidad juvenil en América Latina y el Caribe es del 54,4%. Así, la mitad de las personas ocupadas en la región no tienen acceso a un trabajo decente en la economía formal.
En Argentina, usando el mismo rango etario (15 a 24 años), la cifra se eleva al 68%. “Esto muestra que el problema en el país requiere atención, incluso en comparación con otras economías de la región que también enfrentan desafíos estructurales”, explicó la especialista.
En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la tasa de empleo alcanzó el 45,7% en el cuarto trimestre dentro de los 31 aglomerados urbanos.
De ellos, el 42% de los trabajadores no posee derechos laborales, mientras que el 57,8% se encuentra bajo los parámetros de formalidad. Se trata de una leve suba respecto al mismo período del año pasado (41,4%). Según publica Ámbito.
Para tener una radiografía de como sería a nivel nacional, si se extrapolara a la población total esto implicaría que de 21.509.912 trabajadores, unos 9.034.163 se encontraría en condiciones de informalidad y los 12.475.749 restantes corresponderían a los formales.
