ENRE. Después de 6 años de vida y sin resultados concretos para mostrar, con un presupuesto millonario y los salarios más altos de todo el escalafón de los tres poderes del Estado, la suerte del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut (ENRE) pende de un hilo.
Según información, el gobernador Ignacio Torres tiene tomada la decisión de despedir a los dos integrantes del directorio, al enterarse de una operación millonaria para la compra de un inmueble que nunca había sido comunicada a las autoridades, en un contexto de total austeridad en las cuentas públicas.
La decisión se conoce en la previa del tratamiento de la Ley de creación de la Empresa Provincial de Energía, que tomará la responsabilidad en lo atinente a generación, transporte y distribución de energía con participación estatal, y un peso fuerte en las tarifas de la energía y los servicios en la provincia.
El Ente Regulador de Servicios Públicos fue creado por la Ley I – N° 196 sancionada en 2018 y el decreto de creación es el N° 44/19, publicado el 9 de Enero de 2019, cuando se nombró al Consejo Directivo integrado por el abogado Gustavo Oscar Monesterolo, la contadora Gabriela Alicia Calle, y el ingeniero Horacio José Camps.
En estos años, se desempeñaron de manera alternada como Presidente, Primer Vocal y Segundo Vocal y sus remuneraciones se calculan en base a la remuneración media establecida para el primer nivel gerencial, informada trimestralmente por la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda. El mandato de Camps se venció en los últimos meses y no fue renovado.
El chequeo con los últimos números a los que había accedido esta agencia y que no se han actualizado, marca que los ingresos de los directores del Enre superaban ampliamente a la cúpula del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se equiparaban a los del Escribano General de Gobierno, cargo que hoy percibe $ 8,3 millones mensuales.
Presupuesto abultado y sin control: el motivo de los despidos en el ENRE
Según la información que circula en los despachos oficiales, la decisión del gobernador de auditar las cuentas del organismo y despedir a sus responsables está tomada, y el motivo central fue enterarse de una operación inmobiliaria millonaria para comprar un edificio para el organismo.
El dato pasa por el presupuesto abultado y sin control de este organismo, que por ley goza de una financiación autónoma que surge del mismo sistema de las cooperativas, ya que es un porcentaje de la facturación bruta mensual de cada concesionario o regulado, “la que será abonada al ENRE dentro de los primeros 10 días de cada mes” de manera obligatoria.
De acuerdo a información de fuentes gubernamentales, el ENRE tendría fondos que superan los mil millones de pesos en una cuenta sin ejecutar, cuando por otro lado el Ejecutivo todavía espera por la reinauguración del edificio histórico de Casa de Gobierno.
La gota que rebalsó el vaso fue el llamado de propietarios de edificios que consultaron si estaban al tanto en el gabinete sobre el interés de Monesterolo por pagar una cifra exorbitante y se comenta incluso que la información de la inminente operación inmobiliaria habría llegado a oídos del gobernador de parte de algunos dirigentes del gremio de Luz y Fuerza, sindicato que tuvo participación en la creación del organismo hace 6 años y que en su momento propuso el nombre de Monesterolo, quien se mantiene intocable desde aquellos años.
Monesterolo, hombre de máxima confianza de la conducción regional del gremio y figura de la Fundación Tercer Milenio, sería el principal apuntado por Torres y sus horas estarían contadas, e incluso se pretende evaluar el resultado de la auditoría para determinar otros pasos a seguir.
¿Qué resultados tuvo?
Según la ley de creación, el ENRE debe realizar estudios de costos, tarifas, normativas y análisis de diversos tipos, prioritariamente mediante convenios con Universidades, Entes Reguladores y Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y/o O.N.G. específicas.
Las funciones prioritarias del ente regulador, son trabajar en una Tarifa de Referencia Provincial junto con el Consejo Consultivo de los Servicios Públicos, y readecuar un modelo de tarifas que garantice la sustentabilidad de los Servicios y dictar una Tarifa de Referencia Provincial basada en costos.
También debe abocarse a las cuestiones críticas de los servicios, interviniendo en las situaciones que requieran los concedentes, concesionarios y usuarios; además, debe ser instancia previa y obligatoria en los conflictos entre los poderes concedentes y concesionarios.
Y en su momento se determinó que le compete actuar como autoridad de control en la Tarifa Social implementada a nivel nacional.
Seis años después, se desconoce el alcance de las acciones del organismo, que de todos modos maneja un presupuesto millonario sin consultar a las autoridades del Ejecutivo. El sistema de tarifas de servicios públicos en Chubut es caótico y la situación general de la deuda de las entidades se ha agravado en los últimos años, a pesar de que el Enre debía organizar la información en materia tarifaria. Según publica ADNSUR.
En los próximos días se conocerán los pasos a seguir que serán ejecutados por el órgano de competencia, que es el Ministerio de Infraestructura que conduce Hernán Tórtola.
