Boris Mansilla, vicepresidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, advirtió sobre el desplazamiento de pymes locales tras el traspaso de las áreas Escalante-Trébol de YPF a PECOM. Esperan que el gobierno convoque a las partes a una mesa de negociación, en base a lo prescripto por la ley de Hidrocarburos, reseñó ADNSUR.
Mansilla cuestionó que, tras la cesión de las áreas, la nueva operadora contrató a una empresa de reciente creación con sede en Buenos Aires, concentrando en ella los servicios que antes realizaban múltiples firmas regionales.
“Las pymes que estaban trabajando no fueron invitadas ni siquiera a cotizar”, aseguró, y remarcó que esta decisión contradice el espíritu de la Ley de Hidrocarburos de 2012, que promueve la participación de empresas locales en el desarrollo de las áreas.
En diálogo con Actualidad 2.0, Mansilla subrayó que se trata de pymes nacidas al calor de la antigua YPF estatal o fundadas por trabajadores con experiencia en la industria, muchas de ellas con inversiones en curso.
“Son empresas muy bien calificadas, que hoy están siendo desplazadas sin justificación, en un contexto donde la sociedad no tiene otras alternativas productivas”, afirmó.
El directivo de la Cámara precisó que al menos 9 empresas ya vieron comprometida su continuidad desde que se concretó el traspaso a PECOM. Frente a esta situación, la Cámara mantuvo una reunión con el gobernador Ignacio Torres, quien se comprometió a gestionar un encuentro con la operadora para analizar el tema, según precisó Mansilla.
Acuerdo de competitividad en la cuenca
“La provincia está haciendo un esfuerzo importante por mejorar la competitividad de la región, pero no se puede permitir que esto se haga de manera monopólica -indicó Mansilla-. Estamos dispuestos a acompañar ese desafío, a trabajar sobre la eficiencia y los costos de producción, pero dentro de un marco de libre competencia y respeto por el entramado regional”.
La preocupación no sólo alcanza al ámbito empresarial, sino también al laboral. El sindicato de personal jerárquico ya había alertado sobre el impacto de estas decisiones en sus afiliados, lo que motivó el inicio de un expediente ante la Secretaría de Trabajo provincial.
Para Mansilla, el camino debe ser el diálogo, la transparencia y la sinergia entre todos los actores. “La única manera de que esto funcione es con acuerdos mutuos y con la participación real de las comunidades que habitan los territorios donde se produce”, concluyó.
