El juez Jorge Gorini. En 48 horas la Cristina Kirchner deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo o vínculo familiar, custodia, abogados, médicos. La notificación judicial le pide “abstenerse de comportamientos que puedan alterar la tranquilidad del vecindario”, en el marco de sus salidas al balcón.
El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, resolvió aceptar el arresto domiciliario solicitado por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. Quedará presa en su casa de San José 1111 y deberá cumplir ciertas condiciones y usar una tobillera o pulsera electrónica.
La principal líder opositara al gobierno de Javier Milei comenzó así a cumplir la condena. Su hijo, el diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, será el garante del cumplimiento de la prisión en su departamento del barrio de Constitución.
En el plazo de 48 horas, la expresidenta deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo o vínculo familiar, custodia, abogados, médicos. Si tiene otros invitados, lo tiene que autorizar el juzgado. La notificación judicial le pide “abstenerse de comportamientos que puedan alterar la tranquilidad del vecindario”, por lo que hay dudas respecto a sus salidas al balcón, tal cual lo hizo varias veces para saludar a la militancia.
Respecto a este punto y según dejó trascender el Tribunal Oral Federal 2, con base en ese pedido, evaluará luego si existe una transgresión al régimen de detención a partir de hechos que podrían ser denunciados o constatados por las autoridades, así lo expresa la fuente Crónica.
A través de una videollamada por Zoom cerca de las 15, el juez Gorini le confirmó la prisión domiciliaria. La notificación del arresto domiciliario llegó enseguida a manos de los abogados de la exmandataria nacional. Próximamente, funcionarios del tribunal a cargo del juez Gorini se acercarán al domicilio de Cristina Kirchner para los detalles incluidos en la resolución, como la colocación del dispositivo electrónico.
Este paso formal podría cumplirse también este miércoles, pero coincidiría con la marcha multitudinaria en repudio al fallo de la Corte Suprema -entre otras consignas como “Cristina libre”– que el peronismo ya ratificó para las 10, más allá de que no será necesario que la también titular del Partido Justicialista (PJ) se presente en Comodoro Py.
Por la mañana, todavía en la víspera de la decisión del juez Gorini, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola» habían rechazado en un dictamen no vinculante la solicitud de arresto domiciliario, presentada por la defensa. Argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional«.
Pese a la oposición de los fiscales, la Justicia resolvió aceptar el pedido de prisión domiciliaria. Luciani y Mola, fuertemente cuestionados por la defensa, podrían apelar la decisión.
Los argumentos de Cristina para pedir prisión domiciliaria
Los abogados defensores habían hecho llegar los motivos del pedido al juez Gorini. Cristina explicó allí que se debe a “estrictas razones de seguridad personal”. Recordó que fue «objeto de un intento de magnicidio” en la puerta de su excasa, en Recoleta.
“Fui presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura«, había marcado Cristina.
Todos los detalles de la resolución sobre el arresto domiciliario de Cristina
El juez Jorge Gorini indicó que “corresponde establecer que a partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa”.
“La peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”, argumentó.
“Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice la resolución.