El Gobierno iniciará el proceso de venta de la compañía pública. Lo hará por etapas. Además, diagramará un esquema de ajuste de tarifas con los futuros concesionarios.
El Gobierno anunció este viernes que pondrá en marcha el proceso de privatización de AySA mediante la incorporación de capital privado. El plan oficial al que accedió Ámbito contempla la venta total de las acciones que están en manos del Estado nacional y se hará por etapas. Cómo se implementará. De acuerdo con Ámbito.
En la conferencia de prensa de este mediodía, el vocero presidencial Manuel Adorni dio a conocer la decisión del Poder Ejecutivo de desprenderse del capital accionario de la compañía Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) que se hará a través de un esquema mixto «que combina una licitación publica nacional e internacional» y «una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores».
Venta de acciones
La propuesta que impulsa el gobierno de Javier Milei contempla la venta del 100% de las acciones que el Estado Nacional tiene en la compañía, las cuales actualmente representan al 90% del capital accionario, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los empleados, que continuarán como accionistas de AySA junto a la pata privada que ingrese durante el proceso de venta.
En una primera etapa, el Estado buscará desprenderse de la mayoría accionaria, es decir, pondrá a la venta al menos el 51% de los papeles, según informaron fuentes a Ámbito, por lo que dejaría de tener el control de la misma, que pasaría a estar administrada por los nuevos controlantes. En el proceso, aseguran que la infraestructura continuará siendo propiedad estatal, mientras que se implementará «un marco regulatorio fuerte» para poder asegurar la calidad del servicio.
Licitación y oferta pública
El camino para abrir la empresa a capitales privados comenzará con una licitación pública nacional e internacional (LPNI), que tendrá como objetivo incorporar un operador estratégico. El plazo estimado para la conclusión de la licitación será de 330 días, de acuerdo al cronograma previsto por el Ejecutivo.
Luego se realizará una Oferta Pública Inicial (OPI) para que otros interesados, sean empleados, ciudadanos u inversores, puedan adquirir participación en la empresa. El tiempo previsto para la implementación de la OPI será de 90 días adicionales a la LPNI. La adjudicación se concretaría recién durante 2026, según estimaciones oficiales.
El proceso contará con la regulación de la Comisión Nacional de Valores. También afirmaron que estará ajustado «a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia».
Por el momento, el Gobierno no dio a conocer cifras concretas respecto del dinero que esperan obtener mediante la venta del capital accionario de la compañía de agua. Sin embargo, reconocieron que hay «interesados locales y regionales» en hacerse con algún porcentaje de la firma pública.
Actualización de tarifas y corte del servicio
Uno de los aspectos que prometen generar polémica tiene que ver con los cortes en el servicio de agua. Pese a revestir el carácter de «esencial», actualmente AySA está habilitada, según el artículo 81 de la ley 26.221, a suspender el suministro en determinados casos, previo aviso.
La propuesta libertaria dejaría plasmado en los contratos con el concesionario la posibilidad interrumpir el servicio a aquellos usuarios que no estén al día con sus facturas.
Respecto a las actualizaciones de las tarifas, se establecerá por medio del contrato de concesionario cuál será el método para revisar los valores.. De momento, el plan que tiene en carpeta el Gobierno le permitiría al concesionario realizar un ajuste trimestral, contemplando diversas variables. En el primer año de la gestión Milei, AySA incrementó sus tarifas en un 209% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que durante 2025 el ajuste rondó el 1% mensual.
Financiamiento de obras de infraestructura
Otro de los aspectos que contempla el plan del Gobierno se refiere al financiamiento de las obras de infraestructura. Según supo Ámbito, la propuesta es avanzar en un mecanismo en el que se haga cargo el concesionario, pero mediante el cobro al usuario a través de las boletas. Y que se abra la puerta «a que sean las propias provincias, los municipios e incluso los vecinos» los que lleven a cabo las mejoras en ciertos casos.
Desde la llegada de Milei al gobierno, la nueva administración de la empresa estatal puso en marcha un proceso de reordenamiento que, entre diversos puntos, contempló un achicamiento de la planta de personal mediante el despido de 200 trabajadores. Actualmente, AySA cuenta con 6200 empleados. Respecto al efecto privatizador en la nómina, en el Ejecutivo aclaran: «No le diríamos al privado que hacer» con los empleados.
Según expuso Manuel Adorni en conferencia, la decisión de privatizar el servicio se debe a que «desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del tesoro nacional totalizando un total de u$s13.400 millones, hasta 2023». El pase de la empresa a manos privadas «permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante».
Aysa presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en otros 26 partidos del conurbano. En total, abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones de personas con saneamiento.
