La Justicia de Estados Unidos programó dos audiencias fundamentales para el juicio por la expropiación de YPF, que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió temporalmente la entrega de acciones, permitiendo que el Estado nacional continúe con sus apelaciones mientras se resuelve el caso.
El próximo 25 de septiembre se realizará la primera audiencia por la apelación en la que Argentina deberá presentar sus argumentos tras perder el juicio en septiembre de 2023. La segunda cita clave será el 27 de octubre, día posterior a las elecciones legislativas nacionales, cuando se analizará la apelación sobre la entrega de acciones de YPF del 30 de junio pasado, según información extraída de Ámbito.
Fuentes legales consultadas indicaron que la decisión del tribunal del 15 de agosto es «meramente administrativa» y puede volver a apelarse. Las dos apelaciones presentadas por los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro, seguirán su curso en Nueva York.
Suspensión de la entrega de acciones
La Cámara de Apelaciones mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, con un valor de u$s16.099 millones más intereses diarios de u$s2,5 millones. Esto permite que las acciones permanezcan en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación de fondo.
Según Bloomberg, el tribunal determinó que Argentina no necesita garantizar el pago mientras duren los trámites de apelación, lo que impide que los fondos buitre cobren anticipadamente.
Contexto del juicio y defensa argentina
El 30 de junio pasado, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina y ordenó la entrega de acciones de YPF como pago de la indemnización a los fondos buitre. La defensa nacional presentó una segunda apelación que ahora es respaldada por la suspensión administrativa temporal del tribunal.
Los fondos buitre habían intentado embargar otros activos del Estado, como Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT, pero no tuvieron éxito. Según expertos, su objetivo es demostrar un supuesto “alter ego” del Estado en la gestión de empresas públicas.
Postura del Gobierno argentino
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que el Estado no entregaría las acciones: “Pueden dictarla (la orden de entrega), pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley por la que se expropió la empresa”, explicó en Radio Nacional.
La estrategia argentina continúa centrada en defender la soberanía sobre YPF mientras se desarrollan las audiencias y la apelación de fondo.
