Impulsan un proyecto de control antidoping para funcionarios de Neuquén, una iniciativa que ya obtuvo dictamen favorable en la Legislatura y que plantea la realización de pruebas toxicológicas periódicas a quienes ocupen cargos públicos.
El autor de la propuesta es el legislador provincial Marcelo Bermúdez (PRO), quien remarcó que el objetivo no es invadir la vida privada de los funcionarios, sino garantizar la transparencia e idoneidad en el ejercicio del poder.
Alcance del proyecto: los tres poderes del Estado
La iniciativa contempla que las pruebas incluyan a integrantes de los tres poderes del Estado:
- Ejecutivo: gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios.
- Legislativo: diputados provinciales.
- Judicial: jueces, fiscales, defensores, miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
También estarían obligadas las autoridades de empresas estatales y entes autárquicos. Los controles serían sorpresivos y se aplicarían al menos una vez al año.
Bermúdez: “No se trata de invadir la vida privada”
Al explicar el espíritu de la propuesta, Bermúdez aclaró que no se busca evaluar la vida personal de los funcionarios, sino asegurar que quienes ocupan cargos públicos estén libres de vínculos con el narcotráfico mediante el consumo de drogas.
“No se está evaluando si alguien tiene una adicción ni se pretende juzgar su vida privada. Queremos garantizar que los funcionarios actúen con transparencia”, afirmó.
Controversias por los resultados positivos
Uno de los puntos más discutidos es qué sucede en caso de que un test arroje un resultado positivo.
El PRO planteó un sistema directo: si la prueba inicial y la contraprueba inmediata confirman el positivo, el funcionario debe abandonar su cargo.
Sin embargo, el dictamen de comisión estableció un proceso distinto: realizar una tercera prueba luego de tres meses. Si el resultado vuelve a ser positivo, se activarían los mecanismos institucionales correspondientes en cada poder, como sumarios administrativos, juicio político o jurado de enjuiciamiento.
Bermúdez cuestionó esta alternativa:
“Podríamos encontrarnos con un juez que dé positivo dos veces y que, por no alcanzar los votos necesarios en un juicio político, regrese a su puesto. Eso deja el tema en manos de decisiones políticas y es injusto”.
El legislador reclamó una normativa clara y recordó que en la sociedad ya existen controles similares, como los test de alcoholemia o los análisis a efectivos de la Policía de Neuquén.
El debate por el financiamiento de los controles
Otro eje de discusión fue quién debe pagar los análisis toxicológicos. Bermúdez sostuvo que los costos no deben recaer en el Estado, sino en los propios funcionarios.
“El Estado somos todos, somos los contribuyentes. No es justo que un ciudadano tenga que pagar los exámenes de quienes están en el poder”, concluyó.
La información fue extraída de ADNSUR, que destacó la tensión política y social que genera este proyecto en Neuquén.
