El Ministerio Público Fiscal de Chubut busca llevar a juicio oral y público a Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay, exfuncionarios de Vialidad Provincial, por el presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, tras autorizar irregularmente la extracción de áridos de la Cantera Arroyo Fontana.
Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación, mientras que la defensa solicitó el sobreseimiento y aportó nueva evidencia. El juez deberá resolver el jueves si acepta o rechaza el sobreseimiento; en caso negativo, la Fiscalía tendrá diez días para analizar la nueva prueba.
Motivos para llevar el caso a juicio
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Pruebas documentales y testimoniales: memorándums, notas internas y testimonios de empleados y beneficiarios del material que evidencian la autorización irregular de la extracción.
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Violación de procedimientos: los imputados no solicitaron la autorización del Presidente de Vialidad Provincial, única autoridad competente.
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Desviación de poder: beneficiaron a la empresa privada Transportes Muñoz sin respaldo legal.
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Impacto económico y administrativo: el material extraído, con un valor de $4.320.000, generó un perjuicio patrimonial y compromete la transparencia de la administración pública.
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Conocimiento y jerarquía: ambos imputados tenían experiencia y cargos de alta jerarquía, reforzando la intencionalidad de sus actos.
Detalle del hecho
Entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2024, Pérez y Vinay permitieron la extracción de 3.600 m³ de piedra y arena de la Cantera Arroyo Fontana, ubicada en Ruta Provincial 71. El material fue destinado al relleno de un callejón entre la Estancia Amancay y la sucesión López, beneficiando a tres particulares.
Durante el procedimiento, los funcionarios ordenaron a empleados de Vialidad ignorar los controles del material y permitir el ingreso de vehículos y maquinaria ajena, además de intentar desplazar sin justificación a un empleado encargado de la cantera.
Impacto económico
Aunque el material era considerado de “descarte”, contaba con un valor de mercado que ascendía a $4.320.000, según las pericias presentadas en la causa. Este hecho pone en juego la transparencia y legalidad de la administración pública, además del perjuicio patrimonial directo al Estado.
El caso avanzará según lo determine el juez sobre el pedido de sobreseimiento. La Fiscalía mantiene firme su intención de demostrar que los exfuncionarios actuaron al margen de la normativa, poniendo en riesgo la integridad administrativa y económica de Vialidad Provincial. Información extraída del medio El Chubut.