En un giro dentro de su estrategia ferroviaria, el Gobierno nacional decidió pausar la privatización de Trenes Argentinos y concentrar esfuerzos en la inversión en infraestructura y modernización del servicio. La medida implica una asignación superior a $52.798 millones para obras y compra de equipamiento, priorizando la continuidad y seguridad del transporte ferroviario.
Según la planificación oficial, del total de la inversión, $42.617 millones estarán destinados a construcciones —$40.615 millones para proyectos en ejecución y $2.002 millones para obras a iniciar—, mientras que $10.182 millones se utilizarán para la adquisición de maquinaria y equipos. Entre estos figuran tres locomotoras, cincuenta triplas diésel, herramientas para talleres y sistemas de señalamiento.
Las obras comprenden 109 intervenciones en vías y puentes, 56 en señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles. Dentro de las más relevantes se encuentran:
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Implementación del sistema de frenado automático ATS en tramos de las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre.
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Renovación de vías en el ramal La Plata de la línea Roca, el ramal Tigre de la línea Mitre, el ramal M de la línea Belgrano Sur y en tramos Constitución–La Plata y Retiro–Pilar.
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Modernización del señalamiento en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.
Razones para frenar la privatización
Fuentes oficiales sostienen que, por el momento, no hay previsto ningún proceso de venta de activos ni concesión de tramos. El argumento central es que la empresa “no resulta rentable para el sector privado”. Actualmente, las tarifas cubren apenas el 7,8% del costo real del servicio, y el 92% de los ingresos corrientes proviene de transferencias estatales.
En números, los ingresos estimados de la empresa en 2025 ascienden a $83.801 millones frente a gastos operativos que superan el billón de pesos, generando un déficit cercano a $978.773 millones. El 74,3% de los gastos corresponden a sueldos de una planta de 23.271 empleados.
Un plan ferroviario en marcha
El Ejecutivo continúa con un “plan ferroviario” amparado por la Emergencia Pública Ferroviaria, vigente por 24 meses desde el año pasado. Este marco legal habilita la reorganización del sistema y la ejecución de 226 obras, de las cuales 45 ya están en marcha.
Desde agosto de 2024, el Estado asignó $260.000 millones extraordinarios al sistema ferroviario, redirigiendo recursos del fideicomiso de transporte, cancelando contratos sin ejecución y buscando reducir el déficit operativo antes de considerar una eventual concesión o venta.
La decisión de frenar la privatización de Trenes Argentinos y apostar a la inversión en obras y modernización marca un cambio de enfoque: priorizar la seguridad, continuidad y eficiencia del servicio antes que su traspaso al sector privado. Según analistas, el desafío será compatibilizar estas inversiones con la sostenibilidad financiera del sistema en el mediano plazo. Información extraída del medio TN.
