El Gobierno Nacional impulsa la venta de activos energéticos para captar divisas que ayuden a estabilizar el dólar. La reconcesión de centrales hidroeléctricas y la venta de participación en empresas del sector serán claves en esta estrategia.
Con el agotamiento de recursos como el blanqueo y los dólares del agro, la administración nacional apuesta a acelerar la privatización de activos estratégicos. El sector energético aparece como protagonista, con el foco puesto en concesiones y ventas que podrían aportar millones al Estado.
Centrales hidroeléctricas del Comahue, la punta de lanza
El Ejecutivo prepara la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, postergada en reiteradas ocasiones. Se estima que esta reconcesión a 30 años podría generar hasta 500 millones de dólares en ingresos, según confirmó Daniel González en AmCham Energy.
Avances en la venta de Transener y centrales termoeléctricas
Además de las hidroeléctricas, la participación estatal en Transener —un proceso que se venía dilatando desde la gestión anterior— está en etapa avanzada para ser adjudicada. Aunque no se precisaron cifras oficiales, se estima que la venta del 26,32% podría alcanzar los 150 millones de dólares.
En cuanto a las centrales termoeléctricas, se destacan ciclos combinados como San Martín, Belgrano, Guillermo Brown y Vuelta de Obligado. La situación jurídica y contractual con accionistas privados todavía genera incertidumbre sobre los detalles y montos de las ventas.
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y otras privatizaciones
El gasoducto Perito Moreno también está en la mira para concesión, con interés probable de empresas como TGS y TGN. Por otro lado, aunque no pertenece al sector energético, la privatización de Aysa podría generar ingresos por aproximadamente 300 millones de dólares, con una posible concreción antes de fin de año.
Otras concesiones y perspectivas a futuro
El Belgrano Cargas, aunque no se considera una privatización con fines recaudatorios, está en análisis para una gestión privada orientada a satisfacer demandas de la industria minera. La expectativa del Gobierno es que algunas privatizaciones entren en vigencia en 2025 y otras se consoliden en 2026.
Las privatizaciones energéticas y de infraestructura constituyen un eje clave en la estrategia oficial para estabilizar la economía y captar divisas. Sin embargo, la complejidad de los procesos y negociaciones aún deja interrogantes sobre montos definitivos y tiempos de concreción. La información fue extraída del medio: Mas Energía.
