La administración de Javier Milei continúa con el proceso de revisión y baja de Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral otorgadas en gestiones anteriores, con el objetivo declarado de corregir irregularidades y reducir el gasto público.
En el marco de esta medida, el Gobierno ya dio de baja más de 110.000 prestaciones y prevé continuar con el procedimiento. Según Infobae, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó el 30 de julio una licitación para contratar 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el país, con el fin de notificar suspensiones y requerir documentación respaldatoria a los beneficiarios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que, además de las 110.522 bajas por irregularidades, se eliminaron 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 por renuncias voluntarias. El operativo de control alcanza a más de un millón de pensiones vigentes.
Detalles del procedimiento y ahorro estimado
El pliego establece que las cartas documento deben entregarse en un máximo de 48 horas hábiles, con un segundo intento obligatorio en caso de no concretar la notificación. También incluye otros servicios postales, como cartas certificadas y encomiendas, con un total de más de 730.000 envíos.
En el Gobierno calculan que las pensiones por invalidez laboral representan un desvío de fondos cercano a 1.000 millones de dólares anuales. Con las bajas recientes, el ahorro proyectado es de unos 35.000 millones de pesos por mes. Actualmente, el monto de la prestación equivale al 70% de la jubilación mínima.
Aun así, existen casos en los que no se pudo localizar a los beneficiarios. Según Adorni, el 60% de los titulares no presentó la documentación exigida.
Contexto y debate político
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó que entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2005 y 2015 aumentaron un 1.225%, superando el millón. Atribuyó este crecimiento a políticas de las administraciones kirchneristas, mientras que comparó la proporción de beneficiarios con otros países, como Israel, que afronta conflictos bélicos y registra un porcentaje menor.
En paralelo, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue generando controversia. El proyecto buscaba regularizar pagos y actualizar aranceles para prestadores del sistema, congelados desde noviembre de 2024. La medida tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluiría reformas en el sistema de pensiones y en la gestión de la ANDIS.
