La historia de la ex Alpesca no es solo un expediente judicial o un conflicto laboral, sino la metáfora perfecta de la complejidad de una provincia que se resiste a cerrar un capítulo que lleva más de una década abierto.
Desde que sus bienes fueron declarados de utilidad pública en 2014, la pesquera madrynense se convirtió en un culebrón que mezcla política, innumerables conflictos salariales, incumplimientos contractuales y una trama judicial digna del mejor guion melodramático.
Alpesca, de los sudafricanos a Red Chamber
De acuerdo con Canal 12. Podríamos decir que el principio de esta trama comenzó en 2011, cuando el grupo económico de origen sudafricano Irvin & Johnson se desprendió del paquete accionario que, en 2001, le adquirió al Grupo Alpargatas. La empresa se vendió a los Baldino, una de las principales familias que manejan históricamente el negocio de la pesca marplatense. El comprador en concreto fue Pedro (Baldino), quien no logró capear la tormenta de una industria conflictiva en la Patagonia.
El relato se oscureció con la irrupción de una figura que marcaría a fuego el destino de la empresa: el fallecido Omar «El Cura» Segundo, un empresario de la estiba y pesca que, más tarde, sería condenado por narcotráfico. Su intento de desprenderse de la pesquera en 2013, cediéndola a la firma Guigus SA, se vio frustrado por la intervención del Gobierno provincial de turno. Acontecimientos dramáticos, como la auto inmolación de una empleada, aceleraron los tiempos y llevaron a un intento fallido de pasar la empresa a manos de Food Partner Internacional.
El derrotero no se detuvo ahí. En 2014, las acciones pasaron por una cadena de manos en un sagaz, y fraudulento, movimiento: primero a Federico Otero y su madre, y luego al marplatense Renato Aleua. Ante el colapso total, con la planta parada y los trabajadores en la calle, el Estado, a través del entonces Martín Buzzi, decidió intervenir, declarando los bienes de Alpesca de utilidad pública y dando inicio a un juicio de expropiación que aún hoy no tiene sentencia.
El proceso judicial, que debía ser una solución, se transformó en el principal obstáculo. El expediente se aletargó durante años, entrampado en la inusual disputa de supuestos dueños que aspiraban a un resarcimiento millonario. La jueza a cargo condicionó la sentencia a que el fuero penal determinara quiénes eran los verdaderos dueños de las acciones. La clave del misterio se resolvió en 2019, cuando la justicia determinó que la propiedad de la empresa era de «El Cura», quien ya estaba preso.
La muerte de Segundo en marzo de 2023 abrió un nuevo frente de conflicto: el juicio de sucesión. Sus múltiples herederos se fueron presentando en el expediente para reclamar su parte, y el último incidente judicial, una apelación a la tasación de los bienes, promete seguir demorando una sentencia que parece cada vez más lejana.
Mientras el juicio de expropiación sigue en el limbo, la administración de la empresa sufrió un nuevo golpe de timón. El Gobierno provincial, a través del Decreto N° 1051, puso fin al contrato de arrendamiento con Red Chamber Argentina, cuya cara visible es Marcelo Mou, que explotaba los bienes desde 2015. La extinción del contrato, firmada por el gobernador Ignacio Torres, rechaza un recurso de la empresa y se fundamenta en un contundente informe que detalla reiterados incumplimientos al contrato.
La notificación, que se conoció a principios de esta semana contundente; Red Chamber debe devolver todos los bienes de la ex Alpesca y AP Holding a la Provincia del Chubut antes del 30 de septiembre de 2025, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. El decreto exige cooperación para un traspaso ordenado del personal y solicita acceso a sus datos laborales para garantizar el pago de haberes por parte de la futura arrendataria. Además, se informa que los buques Promarsa III y Cabo Vírgenes no podrán operar más allá de esa fecha. La Provincia también intima a Red Chamber a abonar una deuda de $2.500 millones de pesos en concepto de cánones locativos adeudados, con la amenaza de derivar el caso a la Fiscalía de Estado.
La noticia, sin embargo, no generó sorpresa. Ya en febrero se había anunciado la intención de rescindir el contrato, y el STIA, a través de su titular, Luis Núñez, reveló que el gobierno ya está trabajando en un nuevo acuerdo de alquiler con la firma gallega Profand, una de las más relevantes del sector pesquero mundial. A pesar de que la llegada del grupo económico con base en Vigo es casi un hecho, otras voces se han sumado a la puja. En los últimos días hasta Conarpesa se anotó en la carrera por los bienes.
Es sorprendente porque el CEO de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, pareciera que pasó de estar en una situación de quebranto a intentar sumar más buques gracias a un milagro; un mes de zafra de langostino en aguas nacionales con el precio del marisco entero asomándose a los 8 dólares por kilo. A pesar de esto, el perfil del siempre polémico empresario español no pareció ser el que buscó la administración provincial.
Lo que sucede de aquí en más no solo definirá el futuro de una empresa y sus trabajadores, sino que también será un termómetro de la capacidad del Estado para poner fin a un laberinto de casi una década.
