ARCA detectó irregularidades en 2024 y prepara una denuncia: nueva denuncia contra el Señor del Tabaco sacude la agenda fiscal.
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara una nueva presentación judicial contra Pablo Otero —conocido como el “Señor del Tabaco”— por presuntas maniobras de lavado de dinero mediante clientes falsos y ventas sin respaldo económico en 2024.
Según la pesquisa del fisco, Tabacalera Sarandí habría repetido en 2024 un esquema similar al detectado entre 2021 y 2023: ventas a 23 distribuidoras mayoristas que, para ARCA, “no tenían solvencia ni registraban actividad real”. Entre 2021 y 2023, esas transferencias totalizaron más de $33.600 millones, y la operatoria representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí en ese período.
ARCA apunta a operaciones efectuadas con empresas que, a juicio del organismo, “no tienen capacidad económica, financiera ni operativa”: no presentan acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten comprobantes con márgenes de ganancia mínimos. Varias ventas se habrían hecho “a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B”, por lo que el fisco interpreta que se configuró “un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero”.
Defensa de Tabacalera Sarandí y tramos de la causa
Desde Tabacalera Sarandí negaron las irregularidades. En un escrito judicial sostuvieron que “el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad”, y añadieron que la denuncia “no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados”. Aseguraron además que las pruebas son “insuficientes”.
En la tramitación previa, el fiscal Eduardo Taiano desestimó en primera instancia la denuncia por entender que no aportaba pruebas concretas —en función de lo establecido en el artículo 180— y que mencionar ingresos en efectivo y facturación dudosa no alcanzaba. La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen fiscal; el fiscal apeló ese fallo y la cuestión llegó a la Cámara. El 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen del 25/06/2025 y recobró así virtualidad ese dictamen. El expediente registró además que Otero había sido sobreseído en una etapa del proceso.
Marco judicial y deuda impositiva
El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El 14 de agosto la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que pretendía frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo; con ese rechazo quedó firme la constitucionalidad del tributo y se habilitó el procedimiento para determinar y reclamar la deuda. ARCA registra que Tabacalera Sarandí adeuda $419.398 millones al fisco, que incluyen $305.239 millones de capital (período agosto de 2018–junio de 2024) y $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023, según informó TN.
Paralelamente, permanece abierta otra causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti.
Mercado y estrategias empresariales
Las marcas comercializadas por la firma —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años, en parte por estrategias judiciales que permitieron, temporalmente, sortear el impuesto mínimo al tabaco. Ese andamiaje, sin embargo, empezó a derrumbarse con las acciones judiciales y administrativas en curso.
Cierre: impacto de la nueva denuncia contra el Señor del Tabaco
La nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por presuntas operaciones con clientes falsos y facturación simulada vuelve a poner en primer plano la batalla entre el fisco y Tabacalera Sarandí. Si ARCA consolida las pruebas de 2024, la presentación puede reabrir vías penales y reforzar las exigencias de cobro fiscal por una deuda millonaria, con impacto directo en el mercado del tabaco y en la agenda judicial y política nacional.