La ministra de Seguridad justificó la censura y los pedidos de allanamientos contra periodistas de C5N, en medio del escándalo de las coimas en discapacidad.
En medio del escándalo por la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei en audios atribuidos al funcionario Diego Spagnuolo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas.
“En Argentina los servicios de inteligencia ilegal han tenido distintos capítulos. Han existido en casi todos los gobiernos que han intentado un cambio. El peronismo y el kirchnerismo han intentado voltear a cada gobierno que tuviese una idea distinta”, señaló Bullrich en comunicación con Radio Rivadavia. De acuerdocon C5N.
La funcionaria calificó como “inédito e increíble” que se difundieran grabaciones atribuidas a reuniones en Casa Rosada: “Las grabaciones de la Casa Rosada nos ponen en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. Por eso yo como ministra junto a la SIDE tengo que trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia para grabar una reunión”.
Bullrich sostuvo que se trata de un mecanismo clandestino: “Es una inteligencia paralela, lo peor que puede existir, para grabar a una funcionaria y decirle que van a publicar esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie. Esto es lo que nosotros denunciamos”.
En esa línea, advirtió sobre injerencias extranjeras: “Hace poco tiempo denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto. Sabíamos que Venezuela podría influir, porque hoy están defendiéndose con ataques como hizo con el avión que entró a la Argentina, o secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, y como lo intenta hacer con violencia con el Tren de Aragua en distintos lugares. Todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo”.
La ministra también apuntó contra actores locales en la difusión de los audios: “Un canal de dudosa procedencia, de un señor que es tesorero de la AFA (Pablo Toviggino), y periodistas que más que periodistas están siendo parte de la difusión para operar en sentido de una elección”.
Finalmente, vinculó la situación a un patrón internacional: “Esto ha sido algo que en los últimos diez años se ha visto mucho en las elecciones de distintos países, donde los servicios de inteligencia paralelos y extranjeros operan intentando desestabilizar a los gobiernos que generan una conmoción en el mundo del poder”.
El comunicado de Vocería de Presidencia
Vocería de presidencia informó este lunes que el Gobierno Nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por lo que definió como “una operación de inteligencia ilegal” destinada a desinformar y condicionar el proceso electoral.
Según el comunicado oficial, la maniobra habría consistido en “la captación ilegal y clandestina de audios privados de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral”.
“No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, señaló Presidencia.
El texto sostiene que el objetivo fue “generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas”.
Entre los señalados como responsables se mencionan al periodista Mauro Federico, al secretario ejecutivo de la AFA y empresario de medios Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial, “que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente”, y al abogado Franco Bindi, identificado como “operador judicial vinculado a Fernando Pocino”.
La vocería subrayó que “el hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.
El comunicado agrega que la campaña de desinformación “responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
En ese sentido, se recordó que la Ley de Inteligencia Nacional “prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”.
La presentación judicial solicita medidas cautelares urgentes “para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.